El Gobierno de Trump se prepara para invocar una amplia autoridad en tiempos de guerra para acelerar la promesa del presidente de deportaciones masivas, según varias fuentes familiarizadas con las discusiones.
En su discurso inaugural, el presidente Donald Trump dijo que planeaba invocar una ley poco conocida del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, como parte de su amplia lista de medidas represivas contra la inmigración. La medida le da al presidente una enorme autoridad para apuntar y expulsar a inmigrantes indocumentados, aunque los expertos legales han argumentado que enfrentaría una batalla cuesta arriba en los tribunales.
La medida está siendo discutida en varias agencias mientras los funcionarios de la administración analizan cómo podrían implementar la ley, dijeron tres fuentes a CNN, aunque todavía se ultiman los detalles y se desconoce cuándo la el Gobierno actuaría para invocarla.
El objetivo principal por ahora, según tres fuentes, es el Tren de Aragua, que también fue designada recientemente como organización terrorista extranjera.
“Etiquetar al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera fue el primer paso”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a CNN.
En las últimas semanas de su campaña de 2024, Trump prometió repetidamente invocar la ley para deportar a presuntas bandas criminales y miembros de cárteles de la droga. A menudo se refería al Tren de Aragua y a las exageradas y controvertidas afirmaciones de que la pandilla venezolana había “invadido” y “conquistado” Aurora, Colorado, para servir como justificación para querer implementar la ley de guerra del siglo XVIII.
Parte de las discusiones en curso incluye a dónde se enviarían esos migrantes. Si bien Venezuela acordó recibir de regreso a sus ciudadanos, esos vuelos de repatriación generalmente son limitados. Otras opciones incluyen países que acordaron recibir de regreso a migrantes de terceros países, como El Salvador.
El uso de la ley ha sido mencionado repetidamente entre los partidarios de la línea dura de la inmigración porque agilizaría el proceso de deportación.
Las detenciones y deportaciones que se llevan a cabo en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros no pasan por el sistema judicial de inmigración, que ofrece a los inmigrantes la oportunidad de buscar ayuda y presentar sus argumentos para quedarse en el país. Los expertos han señalado que el sistema judicial, en el que los casos pueden demorar años, podría ser un obstáculo importante para los planes de deportación masiva de Trump.
