Un juez federal detuvo parcialmente la nueva política del Gobierno de Trump que da mayor libertad para la aplicación de la ley de inmigración en algunas iglesias y otros lugares de culto, en el primer fallo que considera su legalidad.
La orden temporal emitida el lunes por el juez de distrito Theodore Chuang es una estrecha victoria para las organizaciones religiosas que desafían la nueva política en los tribunales. Chuang impidió que el Gobierno aplicara la política en los lugares de culto de cualquiera de las organizaciones religiosas que presentaron la demanda, entre las que figuraban congregaciones de cuáqueros, baptistas y sijs. Pero se negó a detener la política en todo el país.
Hay varios casos que cuestionan la política de Trump, y Cheung es el primero en opinar sobre su legalidad.
Concluyó que era probable que los demandantes tuvieran éxito en sus argumentos de que violaba la Primera Enmienda, así como una ley de libertad religiosa llamada Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. Para las organizaciones religiosas cubiertas por su fallo, la administración debe volver a la política del gobierno federal anterior a Trump que permitía cierta aplicación de la ley de inmigración en las iglesias, pero en circunstancias mucho más limitadas.
Cheung escribió en su opinión de 56 páginas que no estaba cuestionando la capacidad de las fuerzas del orden “cuando sea necesario” para “llevar a cabo operaciones en o cerca de lugares de culto”.
“El Tribunal solo considera que, en esta fase inicial del caso, en la delicada y fraudulenta cuestión de cuándo y en qué circunstancias las fuerzas del orden pueden inmiscuirse en lugares de culto para llevar a cabo operaciones sin orden judicial, la falta de limitaciones o salvaguardias significativas de la Política 2025 sobre dicha actividad probablemente no satisface estos requisitos constitucionales y legales en lo que respecta a los demandantes”, escribió.
