En el informe final presentado por la Supervisión General del Poder Judicial de Honduras, luego de la Inspección General practicada en el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, se sometieron a consideración de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, 17 puntos de atención y 39 recomendaciones para mejorar las actuaciones de los servidores judiciales de este ente jurisdiccional.
Además, en el informe remitido a la Magistrada Presidenta Rebeca Lizette Ráquel Obando, se confirmó la apertura a investigación de 12 causas como denuncias oficiosas, entre ellas, por el retardo injustificado de justicia, remisión tardía de los recursos a la Corte de Apelaciones y falta de inscripción de garantías hipotecarias a favor del Estado de Honduras en el Instituto de la Propiedad,
Dentro de otros hallazgos, de los que se derivó el inicio de diligencias investigativas, la Supervisión detectó oportunidades de mejora en el manejo de los archivos judiciales y los títulos valores, así como en la implementación de controles internos en el monitoreo y seguimiento de la gestión.
En cuanto a la carga de trabajo procesal, el equipo de trabajo de la Supervisión General también recomendó realizar ajustes en la reasignación de las causas y la rotación interna del personal; asimismo, la coordinación interinstitucional, junto al Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y el Instituto Nacional Penitenciario (INP), lo que se ha llevado a cabo de manera exitosa.
Adicionalmente se destaca, dentro de las acciones ya realizadas por la Magistrada Presidenta, el nombramiento de un nuevo Coordinador Nacional del Juzgado y un Subcoordinador para San Pedro Sula, siendo esta ciudad en la que se ha implementado en un 100% el Sistema de Expediente Judicial Electrónico (SEJE).
La Supervisora General, Sandra Rodríguez Vargas, informó que se analizaron 701 expedientes del total ingresado a ese Juzgado Especializado, de los cuales 598 obedecen a Requerimientos Fiscales y 103 a Diligencias Previas.
“Esa inspección se realizó, a partir de agosto del año anterior, en atención a las directrices emanadas por la Honorable Magistrada Presidenta, con miras a que exista una justicia accesible, pronta y sobre todo apegada a derecho, respetando la norma constitucional”, puntualizó Rodríguez Vargas.
“Debido a lo encontrado y presentado en el informe, desde finales de noviembre se trabaja en una inspección en la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, misma que también tendrá un informe final con hallazgos y recomendaciones que será remitido a la Presidencia de este Poder Judicial”, concluyó la Supervisora General Sandra Rodríguez.
