Un total de 5.900 personas han solicitado el cambio de sexo desde la entrada en vigor de la Ley Trans, de las cuales el Registro Civil ha denegado 85 solicitudes (1,44 % del total) y se han producido 8 desistimientos y 5 expedientes han caducado sin culminarse la modificación registral.
Son cifras facilitadas este jueves por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha subrayado que “el dato rompe el relato” y que la Ley Trans se está aplicando con “normalidad” y está contribuyendo a facilitar la vida y aliviar el sufrimiento de personas con historias cargadas de frustración y dificultades.
La ministra de Igualdad dice que la ley se aplica correctamente
Durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Redondo ha asegurado que los encargados del Registro Civil “hacen bien su trabajo” y cuando sospechan de fraude de ley rechazan la solicitud de cambio de sexo.
Ha denunciado que existen “organizaciones que con la clara estrategia de poner en cuestión la ley, tratan de promover el fraude”: “El problema no es la ley, que en la inmensa mayoría de supuestos se aplica correctamente, el problema lo tiene quienes abusan de ella”, ha dicho.
En este sentido, ha sostenido que quienes cometen fraude de ley se van a encontrar con dos problemas: van a tener que afrontar las consecuencias de los delitos derivados de actitudes violentas y enfrentarse al fraude de ley, prohibido por el Código Civil.
Perseguir el fraude de ley
Es en la persecución del defraudador y de quienes le alientan, ha exigido la ministra, donde hay que poner el acento. “Si hay fraude, se detecta, se denuncia y se interviene, como se hace con cualquier otra ley”, ha afirmado, para añadir que existen “instrumentos suficientes” para garantizar que la norma se aplique correctamente.
Esos instrumentos son, según ha detallado, la propia ley que establece que un maltratador tendrá que responder a sus delitos de violencia de género aunque cambie de sexo, la actuación del Registro Civil y la intervención de la Fiscalía, que ha de velar por la correcta ordenación del ordenamiento jurídico.
Asimismo, ha apuntado, si el abuso llega a los tribunales, los jueces depurarán las responsabilidades.
“El problema no es la ley, son los delincuentes, los machistas, los violentos y los defraudadores. Nuestra prioridad es proteger a las víctimas de violencia y avanzar en los derechos de las personas del colectivo LGTBI”, ha concluido.
