Los agricultores franceses iniciaron este lunes el ‘asedio’ a algunas de las principales vías de acceso a París entre advertencias del Ejecutivo para que esa acción sea limitada y no perjudique la vida de los ciudadanos. Cientos de tractores han comenzado a bloquear varias de las autopistas y carreteras nacionales que llevan a la capital, aunque también lo han hecho en otras grandes ciudades, como Marsella o Lyon.
“Presionar París es presionar al Gobierno”, señaló de forma clara Maxime Lievin, tesorero de la sección regional del sindicato agrícola Fnsea, el principal de Francia, desde un puesto de bloqueo en Jossigny. Este cierra al tráfico la autopista A4, que une París con el resto del país. Aquí, como en otros bloqueos, los agricultores han traído carpas, barbacoas y equipos de iluminación para pasar la noche y, como dicen ellos, todo el tiempo que haga falta.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo ya desde el domingo que no habrá “intervención” contra los cortes limitados de carreteras, pero dejó claro de que hay “líneas rojas” que los agricultores no pueden pasar: no se tolerarán bloqueos al mercado de abastos de Rungis, el mayor de Europa, o a los aeropuertos de la capital.
Desde este lunes, una unidad antidisturbios de la Gendarmería equipada con tanquetas protege Rungis (al sur de París), donde se surten de productos frescos los comerciantes y restaurantes de toda la región de la capital, que tiene más de 12 millones de habitantes. En total, unos 15.000 policías de distintos cuerpos están movilizados por todo el país para mantener bajo control esta protesta, que está siendo permitida desde que comenzó hace casi dos semanas con el bloqueo de la autopista A64 en el sur del país el pasado día 18.
Un convoy de tractores partió de la sureña ciudad de Agen con el objetivo declarado de intentar bloquear el mercado de Rungis, aunque al ritmo de estos vehículos no llegarán hasta la noche de este martes, como mínimo. Los agricultores claman medidas tanto a nivel nacional como de la Unión Europea para rentabilizar sus explotaciones, reducir la burocracia y agilizar los trámites administrativos.
Entre otros puntos, piden la eliminación del barbecho obligatorio impuesto desde Bruselas, que se cumpla la ley que obliga a la industria agroalimentaria a pagar precios justos o un nuevo sistema más ágil para cobrar a tiempo (y no con más de un año de retraso) la subvención al gasóleo agrícola. Sobre todo, afirman ser víctimas de una competencia desleal, ya que creen que muchos de los productos que entran del exterior no están obligados a cumplir las mismas exigencias sanitarias y ambientales que ellos deben respetar, algo de lo que culpan a la UE y al Gobierno francés.
