Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela denunciaron la detención arbitraria del joven John Álvarez, un estudiante de Antropología de la Universidad Central (UCV) que, según la información preliminar, fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo.
La ONG Provea explicó en la red social X (antes Twitter) que el joven “estaba desaparecido” desde el miércoles hasta el jueves, cuando “sus familiares pudieron visitarlo” en unos calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas.
“Hoy fue presentado ante el tribunal 13 de terrorismo”, agregó la organización.
Por su parte, la ONG Justicia Encuentro y Perdón denunció, en la misma red social, que Álvarez “es víctima de una detención arbitraria”, por lo que “su familia exige el respeto a sus derechos”.
La denuncia ha sido difundida por varias organizaciones de derechos humanos y agrupaciones estudiantiles en las redes sociales, donde algunos políticos contrarios al régimen han pedido la inmediata liberación del universitario.
Hasta ahora, ni el Ministerio Público (Fiscalía) ni el Ejecutivo se han pronunciado al respecto.
Esta semana, Amnistía Internacional (AI) denunció que los “patrones de represión” empleados para detenciones por motivos políticos en Venezuela se han “agudizado” y exigió “la liberación” de estos privados de libertad.
En su más reciente informe, destacó que organizaciones que defienden derechos humanos han documentado entre 2014 y 2023 alrededor de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos en el país, y que, en la actualidad, “alrededor de 300 personas siguen privadas de libertad en estas condiciones”.
“Las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela siguen siendo parte de un ataque sistemático y generalizado en contra de la población en este país. Ello, principalmente, con el objetivo de silenciar a quienes disienten del gobierno de Nicolás Maduro o con otros fines políticos”, indicó la ONG en su nuevo informe sobre las detenciones ocurridas entre 2018 y 2023.
“La diversidad de los perfiles de personas detenidas arbitrariamente en Venezuela da cuenta de que la persecución no solo se ejerce contra aquellas personas que opinan diferente, sino que también” se busca “enviar un mensaje de amedrentamiento” a “familiares o personas cercanas a quienes se busca reprimir”, sostuvo la organización en el informe “Vidas Detenidas”.
AI aseguró que “se ha consolidado la criminalización” de las personas a través de tribunales con competencia en terrorismo y advirtió que esto agrava las consecuencias del procesamiento penal.
La organización también identificó “patrones” en las detenciones: ocurren sin órdenes judiciales, falta “independencia judicial”, se aplican leyes de forma “ambigua” y se utiliza la “incomunicación y el aislamiento de las personas detenidas”, entre otros.
“El derecho a la libertad, al juicio justo, a la integridad y a no ser sometido a torturas o malos tratos es violado con frecuencia a través de estas prácticas”, afirmó.
