El presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso Nacional de Perú, tras serias investigaciones y una tercera moción de vacancia que el Hemiciclo estaba sometiendo a votación, por suponer al mandatario de “permanente incapacidad moral para gobernar”.
Tras lo acontecido, diversos ministros del gabinete de gobierno de Castillo decidieron hacerse a un lado y no ser participes de estos actos inconstitucionales.
Según medios internacionales, el presidente habría intentado disolver el parlamento en un último intento para dejar sin lugar la moción en su contra.
Castillo enfrenta un total de seis investigaciones preliminares por los cuales la Fiscalía de Perú lo estaba investigando previo a su intento de golpe de Estado.
Entre las suposiciones de delitos incurridos por Castillo se encuentran: encabezar una organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada, delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal y contra la tranquilidad pública por los casos del Puente Tarata III.
Asimismo, otros de los delitos por los cuales se investiga al gobernante son por la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno, la injerencia en la compra de Biodiesel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú y obras adjudicadas, al aparecer de manera ilícita en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima.
