Representantes de la organización no gubernamental Cristosal alertaron este jueves que reformas a la legislación penal y procesal penal, que han sido aprobadas por el Congreso y otras que están en análisis, «consolidan un régimen de excepción permanente» en El Salvador.
Una ola de violencia se cobró la vida de más de 80 personas a finales de marzo. La escalada fue atribuida a las pandillas, por lo que el Gobierno del presidente Nayib Bukele pidió a la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobar la suspensión de garantías constitucionales.
Además, los parlamentarios oficialistas y de partidos afines a ellos han aprobado una serie de reformas penales para «darle más herramientas al Gobierno para combatir a las pandillas», según los diputados.
«Las reformas suponen un grave retroceso a los límites y garantías que establece la Constitución y los tratados internacionales y consolida, en la práctica, un régimen de excepción permanente (…) tienen como justificación oficial la intención de erradicar a las pandillas, pero abarcan a todo tipo de imputados», señaló la organización en un comunicado.
La abogada Zaira Navas, de Cristosal, indicó en una conferencia de prensa que «todas las reformas tienen vicios de inconstitucionalidad» y que «en su conjunto, conllevan un regreso a un modelo de proceso penal de corte inquisitivo, asumen el enfoque del derecho penal del enemigo, con el fin de obtener el mayor número de condenas sin garantías procesales y la desigualdad de la parte acusada».
«El tocar el Código Procesal Penal implica tocar el proceso penal que se aplica no solo para ciertos grupos de personas, sino para toda la población salvadoreña», aseguró.
Cristosal puso como ejemplo los cambios que se quieren hacer a las leyes Contra el Crimen Organizado y la de Telecomunicaciones, y a una serie de reformas ya aprobadas que habilitan que se juzgue a reos ausentes, aunque está prohibido por la Constitución en su articulo 12.
Según el Ejecutivo, con la medida de régimen de excepción se esta por ganar la «guerra contra las pandillas».
El Congreso aprobó la medida y la ha ampliado en seis ocasiones por periodos de 30 días cada una, mientras que las autoridades notificaron más de 53.400 detenciones y las organizaciones humanitarias más de 6.500 denuncias de atropellos de los derechos humanos.
