El arresto del obispo nicaragüense Rolando Álvarez es el capítulo más reciente de un último año especialmente convulso para la Iglesia católica de Nicaragua con el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, quien ha tildado de «golpistas» y «terroristas» a los jerarcas.
Las tensiones se remontan a abril de 2018 cuando estalló una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por Ortega, que las neutralizó a la fuerza.
El pasado 4 de octubre, Ortega inició su campaña de cara a su quinta reelección presidencial -que ganó con sus principales rivales en prisión-, con un discurso centrado en atacar a los obispos que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país.
El líder sandinista aseguró que los obispos nicaragüenses, en medio de la revuelta, le dieron un «ultimátum» para que dejara el poder en 24 horas, y luego de ese encuentro, según dijo entonces: «dijimos que teníamos que recuperar la paz, porque en esos días no había paz en Nicaragua, lo que había era terror, y el país estaba paralizado».
La Policía Nacional y civiles encapuchados y armados, afines al sandinismo, neutralizaron las manifestaciones antigubernamentales, dejando al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
EXPULSAN A NUNCIO Y A 18 MONJAS
Once días después de ser reelegido sin oposición, Ortega anuló vía decreto la figura de «Decano del Cuerpo Diplomático», que desde el año 2000 correspondía al Nuncio Apostólico, representante de la Santa Sede.
El 7 de marzo pasado, la Nunciatura Apostólica informó que su representante en Managua, el polaco Waldemar Stanislaw Sommertag, se «ausentó del país», y que el secretario, Marcel Mbaye Diouf, quedaba al frente, sin aclarar las razones.
Cinco días después, el Vaticano confirmó que el Gobierno de Ortega había expulsado al nuncio de Nicaragua.
«La Santa Sede ha recibido con sorpresa y dolor la comunicación de que el Gobierno de Nicaragua ha decidido retirar el beneplácito (agrément) a S.E. Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag, Nuncio Apostólico en Managua desde 2018, imponiéndole que dejara inmediatamente el País después de notificarle esa medida», según un comunicado de la Santa Sede.
Antes, un grupo de sacerdotes, entre ellos el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y Edwin Román, fueron forzados a salir de Nicaragua en 2019 y 2021, respectivamente.
En tanto, el 6 de julio pasado, Nicaragua expulsó del país a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, después de que el Gobierno cerrara su asociación junto con otras organizaciones benéficas y civiles.
ARRESTAN A SACERDOTES
En junio pasado, las autoridades nicaragüenses detuvieron al primero de los siete sacerdotes que guardan prisión hasta el día de hoy.
Se trata de Manuel García, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, en el municipio de Nandaime (suroeste), quien fue enjuiciado y condenado por violencia doméstica en contra de una mujer que pasó de víctima a acusada por no inculpar al religioso.
Los otros presbíteros detenidos son Leonardo Urbina, enjuiciado por el supuesto delito de abuso sexual a una menor; y Óscar Benavidez, a quien de momento no le han formulado cargos.
Además José Luis Díaz, Sadiel Eugarrios, Ramiro Tijerino y Raúl González, todos de la Diócesis de Matagalpa (norte).
La Policía también ha ingresado por la fuerza y allanado una parroquia, impedido a los feligreses recibir la eucaristía dentro del templo y sitiado a otros sacerdotes en sus iglesias.
Igualmente, ha prohibido a la Arquidiócesis de Managua la procesión con la imagen peregrina de la virgen de Fátima.
EL CASO DEL OBISPO ÁLVAREZ
La escalada gubernamental contra la Iglesia católica alcanzó al obispo Álvarez, muy crítico de Ortega, quien fue sustraído la madrugada del viernes por agentes policiales de la curia episcopal de la Diócesis de Matagalpa, donde estaba confinado desde hacía 15 días.
Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, se encuentra bajo «resguardo domiciliar» en Managua, según la Policía, que lo acusa de intentar «organizar grupos violentos», supuestamente «con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales», aunque de momento no han ofrecido pruebas.
El religioso, de 55 años, es el primer obispo arrestado en Nicaragua desde que Ortega retornó al poder en 2007.
Previo a su arresto domiciliario, el Gobierno sandinista cerró al menos ocho estaciones de radio católicas y sacó de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos.
«Esta escalada de confrontación de los Ortega-Murillo en contra de la Iglesia en realidad se corresponde con su estrategia de institucionalizar el Estado policial sobre Nicaragua y esto pasa por terminar de silenciar todas las voces críticas o no subordinadas que existen», según un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), un centro de pensamiento integrado por investigadores centroamericanos de distintas disciplinas.
