El Ministerio Publico de Nicaragua pidió un plazo de hasta 90 días de prisión para ampliar una investigación contra el sacerdote Óscar Danilo Benavidez Dávila, detenido desde el domingo pasado por un caso aún no precisado, informó este jueves el Poder Judicial.
La sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua se consideran las “víctimas/ofendidos” por el sacerdote, de 49 años, que se encuentra detenido en calidad de “investigado”, aunque el expediente judicial, al que tuvo acceso Efe, no especifica el presunto delito que se le investiga al religioso.
El fiscal del caso, Manuel de Jesús Rugama Peña, presentó la solicitud de ampliar el plazo para la investigación complementaria y detención judicial durante una audiencia especial de tutela de garantías constitucionales, la cual se encuentra en trámite.
La titular del juzgado de Managua que lleva el caso, Gloria María Saavedra Corrales, aún no se pronuncia.
Benavidez, encargado de la parroquia Espíritu Santo, en el municipio de Mulukuku, en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua, fue detenido la tarde del domingo pasado, informó la Diócesis de Siuna, a la que pertenece, y que dijo desconocer las causas o motivos del arresto del sacerdote.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó al día siguiente que el sacerdote “fue sacado de su vehículo y llevado en una patrulla (policial) con rumbo desconocido” y luego apareció en la cárcel conocida como “El Chipote”, en Managua, sede de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.
El arresto del clérigo se dio en medio de tensiones entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia católica de Nicaragua.
TRES SACERDOTES EN PRISIÓN Y SEIS RETENIDOS
Benavidez es el tercer sacerdote detenido en lo que va del año en Nicaragua, y el noveno que se encuentra bajo custodia policial, incluyendo al obispo Rolando Álvarez y otros cinco sacerdotes que están encerrados desde el pasado día 4 en el Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa (norte).
Siuna fue la primera diócesis que brindó su apoyo público al obispo Álvarez, a quien la Policía Nacional acusa de intentar “organizar grupos violentos”, aunque hasta ahora no ha ofrecido pruebas.
Estas decisiones se dan en medio de una serie de acciones del Gobierno sandinista contra la Iglesia católica nicaragüense, que incluye la prohibición a la Arquidiócesis de Managua de la procesión con la imagen peregrina de la virgen de Fátima y el confinamiento del obispo Álvarez junto a cinco sacerdotes en la sede episcopal provincial de Matagalpa, que está sitiada por fuerzas especiales policiales.
Además se ha producido la expulsión de un grupo de misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta, el cierre de ocho radioemisoras católicas, la cancelación de la programación de la televisión por suscripción de tres canales católicos y el ingreso a la fuerza y allanamiento a una parroquia.
El presidente Ortega tildó de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
La crisis en Nicaragua se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Con información de EFE.
