“Elsy vuelve a casa”: con ese lema, la sociedad civil salvadoreña celebró el miércoles (9.02.2022) en las redes sociales la liberación de Elsy, que pasó diez años y siete meses en la cárcel por haber sufrido un aborto espontáneo.
En ese momento tenía 28 años, era jefa de familia y trabajaba como empleada doméstica, cuando sufrió una emergencia relacionada con su embarazo. Buscó ayuda, pero en lugar de brindársele asistencia médica, fue detenida de inmediato como sospechosa de haber abortado y condenada a 30 años de prisión por “homicidio agravado”.
Morena Herrera es una de las activistas por los derechos de las mujeres más conocidas del país y lucha desde hace años por las mujeres que, debido a las leyes restrictivas sobre el aborto de El Salvador, son condenadas a largas penas de cárcel. Es cofundadora y portavoz de la oenegé Colectivo Feminista para el Desarrollo Local (CFDL), que logró una reducción de la pena de Elsy luego de una batalla jurídica de varios años. “Ella fue denunciada en una situación de emergencia y condenada como consecuencia de un juicio injusto, lleno de irregularidades y sin que se le garantizaran sus derechos como acusada”, dijo Morena Herrera en entrevista con DW.
Elsy es la quinta mujer condenada en El Salvador por un aborto espontáneo, es decir, por perder a su bebé, que es liberada desde diciembre de 2021. El 23 de diciembre fueron liberadas Karen, Kathy y Evelyn, y el 17 de enero fue puesta en libertad Kenia, luego de nueve años de encarcelamiento. Estos nombres son seudónimos utilizados por las organizaciones de Derechos Humanos para proteger la identidad de las víctimas. Según datos del CFDL, en las últimas dos décadas se penalizó en ese país centroamericano a cerca de 181 mujeres que sufrieron un aborto espontáneo.
En El Salvador el aborto está prohibido por la ley, sin excepción alguna. Las mujeres que sufren complicaciones durante el embarazo que provocan abortos involuntarios o muerte fetal caen a menudo bajo sospecha de haberse practicado un aborto. Se enfrentan a cargos de homicidio agravado, que conllevan una pena de prisión de 30 años. La base legal es una reforma constitucional de 1998, que pone bajo protección “la vida humana desde la concepción”, con graves consecuencias para las mujeres.
Las menores deben continuar el embarazo tras una violación
“El castigo es draconiano no solo debido a la magnitud de la pena, sino también debido a sus consecuencias. Eso ya empieza con la estigmatización de la mujer cuando en un hospital se la trata como sospechosa de haberse hecho un aborto”, señala Morena Herrera. En casos en los que un aborto está médicamente indicado para no poner en peligro la vida de una mujer, el personal médico suele retrasar el procedimiento por un tiempo peligrosamente largo para no ser objeto de persecución judicial, explica Herrera. Además, la prohibición del aborto aparentemente conduce a intentos de aborto que amenazan la vida de muchas mujeres desesperadas, lejos de los hospitales, continúa.
La violencia sexual y las violaciones de menores no son infrecuentes en El Salvador. “Pero la ley tampoco contempla excepciones para menores violadas”, explica la activista Herrera. “Actualmente estamos cuidando a una niña ciega de 12 años que fue violada y obligada legalmente a continuar con la gestación”.
Por eso, organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, exigen desde hace tiempo un debate público en el país sobre el tema y medidas concretas que podrían ayudar a disminuir la criminalización de las mujeres. “Lo que nos falta en El Salvador es una legislación que favorezca la educación sexual integral, para evitar la violencia conta las mujeres. Faltan medidas para evitar cualquier tipo de violencia sexual y embarazos no deseados”, dice a DW, por su parte, Keiky Cáceres, de la oenegé por los derechos de las mujeres Colectiva Amorales.
El aborto, “un gran un genocidio”
Pero en El Salvador no se avizora todavía un cambio en el marco legal sobre el aborto, a pesar de que el presidente, Nayib Bukele, cultiva en el escenario político internacional la imagen de un pensador progresista, poco ortodoxo y de ideas avanzadas, que estableció a pasos acelerados el bitcoin como moneda oficial junto con el dólar estadounidense. En las redes sociales se autodenomina el “CEO de El Salvador”, o “el dictador más cool del mundo”, debido a su estilo autoritario de gobierno.
“Bukele no es cool en absoluto”, estalla en carcajadas Keiky Cáceres. “Es extremadamente conservador y ultrarreligioso. Viola constantemente las reglas sobre la división de poderes y la separación de la Iglesia y el Estado”, explica la activista.
El presidente Bukele dejó en claro su posición en una entrevista de Instagram de marzo de 2020 con el rapero portorriqueño Residente: “No estoy a favor del aborto y creo que algún día nos daremos cuenta de que el aborto es un gran genocidio”.
Esperanza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
A pesar de todo eso, y del terrible destino de las mujeres y niñas a las que cuida, Morena Herrera se muestra optimista. Esta madre de cuatro hijas, de 62 años, está convencida de que las cosas van a cambiar pronto. Tiene puestas sus esperanzas en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se espera dentro de poco.
Recién en noviembre de 2021, la CIDH declaró a El Salvador culpable de violar los derechos humanos en relación con la muerte de Manuela, una mujer que abortó en 2008 y fue sentenciada a 30 años de prisión. Manuela murió de cáncer en la cárcel en 2011.
Morena Herrera espera que otra condena de la CIDH por violaciones a los Derechos Humanos pueda obligar al gobierno de Bukele a revocar la restrictiva prohibición del aborto.
