Este domingo 6 de febrero, Costa Rica (la democracia de mejor calidad de América Central y una de las mejores de toda América Latina) acudirá a las urnas para elegir un nuevo presidente -no está permitida la reelección inmediata-, dos vicepresidentes y 57 escaños de la Asamblea Legislativa.
Todo está organizado para que los tres millones 541 mil 908 electores concurran a las urnas a emitir su voto en un ambiente tranquilo y festivo -pese a la pandemia- como es la tradición en este pequeño país centroamericano pero de firme convicción democrática. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), uno de los organismos electorales latinoamericanos de mayor prestigio, presidido por primera vez por una mujer (Eugenia Zamora) en sus más de siete décadas de existencia, es el garante de que el proceso electoral cuente con altos niveles de transparencia e integridad electoral.
En esta contienda se observa una hiper fragmentación al registrarse una oferta (inédita y absurda) de 25 candidaturas presidenciales.
Según la última encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica (UCR) solo 3 candidatos concentran la mayoría de la intención del voto de los costarricenses, pero de momento ninguno de ellos supera el 20 por ciento de intención de voto. Esta encuesta proyectan una suerte de triple empate técnico entre el expresidente José María Figueres Olsen (Partido de Liberación Nacional, PLN) con el 15 por ciento, la exvicepresidenta Lineth Saborío (Partido Unidad Social Cristiana, PUSC) con 14 por ciento y Fabricio Alvarado (Partido Nueva República, PNR) con el 11 por ciento. Cabe recordar que este último candidato, cantante y pastor pentecostés, ganó la primera vuelta en la elección presidencial pasada (2018) pero luego fue derrotado en la 2 vuelta por el actual presidente Carlos Alvarado.
Otros tres candidatos aparecen en la citada encuesta con una intención de voto superior al margen de error pero por debajo del 10 por ciento: el diputado izquierdista José María Villalta (Frente Amplio); el ex ministro de Hacienda del actual gobierno Rodrigo Chaves (Progreso Social Democrático), y el ex viceministro de Transportes, Eliécer Feinzaig (Partido Liberal Progresista).
Los restantes 19 candidatos tienen una intención de voto inferior al margen de error.
Este proceso electoral en Costa Rica se caracteriza asimismo por un alto nivel de incertidumbre, ya que el porcentaje de indecisos para las presidenciales asciende a un 32 por ciento y llega a un 47 por ciento en el caso de las legislativas, por lo que todo será definido en el último día. Tampoco está claro cómo afectará el nivel de participación electoral este alto nivel de fragmentación y de electores indecisos.
Este escenario plantea casi como inevitable la necesidad de ir a una segunda vuelta para definir al próximo presidente (prevista para el 3 de abril), ya que ninguno de los candidatos lograría el 40 por ciento de los votos requeridos por la Ley Electoral para consagrarse como presidente en la primera vuelta.
Resulta relevante que dos de los tres principales contendientes a la presidencia compitan por partidos políticos (Figueres porcelana PLN y Saborio por el PUSC), a pesar de que la confianza de los costarricenses en estas instituciones es de 38 por ciento según el último reporte de Latinobarómetro 2021.
De igual manera, el candidato oficial del partido gobernante, Partido de Acción Ciudadana (Welmer Ramos), no supera el margen de error, lo cual demuestra la insatisfacción con el actual gobierno de Carlos Alvarado así como los ocho años del PAC (dos gobiernos seguidos) en el poder. Similar a otros procesos electorales latinoamericanos, el oficialismo sufrirá una fuerte derrota en las urnas este domingo.
A nivel legislativo, según la última encuesta de OPol Consultores, la nueva legislatura estaría integrada por tres grandes bloques: PLN obtendría 15 curules, PUSC 11, PNR 10 y otras formaciones minoritarias se repartirían 9 escaños. La encuesta proyecta que 11 escaños son susceptibles de disputa entre los partidos con más intención de voto y varios partidos son susceptibles de desvanecerse del mapa político. Esta distribución tan fragmentada de curules anticipa que quien sea electo presidente/a deberá intentar armar una amplia coalición de gobierno con más de un partido político para garantizar la gobernabilidad.
