La justicia de Guatemala inició un proceso contra el expresidente Otto Pérez Molina, acusado de haberse enriquecido durante su mandato gracias a la formación de una sofisticada red de contrabandos en las aduanas del país. El caso es conocido como La Línea y fue destapado por la ahora extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2015. Junto al general retirado también es procesada la exvicepresidenta Roxana Badeltti. El proceso se lleva a cabo en un momento en que la justicia guatemalteca lucha por mantener su independencia.
Las investigaciones de la Cicig y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad iniciaron en mayo de 2014, tras recibir denuncias de que varios grupos de importadores eran privilegiados con trato especial por parte de funcionarios de las aduanas, que permitían ingresar los productos burlando al fisco. En este entramado participaban una treintena de altos personajes del Estado, incluyendo al capitán retirado Juan Carlos Monzón, quien era secretario privado de la vicepresidencia y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Como explicaron los investigadores en su momento, el caso fue denominado La Línea en referencia a un número de teléfono que era el contacto de los defraudadores con los funcionarios que participaban en el entramado.
El destape generó tal indignación entre la población, que desató la llamada Revolución de la Dignidad, con decenas de miles de guatemaltecos exigiendo la renuncia de los funcionarios corruptos. Presionado por las protestas, Pérez Molina dimitió el 3 de septiembre de 2015 y un día después un juez local ordenó presión preventiva en su contra. Roxana Baldetti fue capturada en agosto de 2014 en un hospital privado, donde se había refugiado argumentando problemas de salud. Este lunes, Baldetti volvió a argumentar problemas de salud al argumentar que padece síntomas de covid-19 y que su presencia en los juzgados era un riesgo para los trabajadores.
El juicio contra ambos políticos se celebra en el Tribunal de Mayor Riesgo B, donde Pérez Molina llegó arropado por una treintena de personas y afirmó que espera demostrar su inocencia, porque no existen pruebas en su contra, informa Efe. Ambos son procesados por enriquecimiento ilícito y otros cargos de corrupción.
El proceso contra los exmandatarios se da justo cuando han saltado las alarmas a nivel internacional por la persecución de fiscales que en Guatemala luchan contra la corrupción. Una persecución que ha hecho que varios de estos funcionarios tuvieran que exiliarse. Un informe de Human Rights Watch (HRW) alertó de que “autoridades están impidiendo la transparencia y amenazan la independencia judicial”. El organismo cita el caso de Juan Francisco Sandoval, quien fue fiscal anticorrupción de Guatemala, pero debido a sus investigaciones, la fiscal general, Consuelo Porras, lo destituyó del cargo. Sandoval tuvo que dejar Guatemala rumbo a El Salvador casi de manera clandestina el 23 de julio, en un coche diplomático, escoltado por el procurador de derechos humanos y el embajador de Suecia. El exfuncionario ahora vive en Washington, donde se ha refugiado junto a otros a cuatro juristas —jueces y fiscales— reconocidos a nivel internacional por su lucha anticorrupción, que tuvieron que huir de Guatemala por presiones y amenazas. En Washington buscan protección también la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras.
La persecución de estos juristas preocupa a Estados Unidos, que a finales de julio decidió congelar “temporalmente” la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala. Washington ya había expresado su malestar ante la destitución de Sandoval, a quien las autoridades estadounidenses habían elogiado su papel en la lucha contra la corrupción. “En los últimos años, las investigaciones realizadas por la CICIG (que terminó su mandato en 2018) y el Ministerio Público, pusieron al descubierto tramas de corrupción en los tres poderes del Estado. Sin embargo, medidas adoptadas recientemente por el Congreso, el Ministerio Público y otras autoridades obstaculizan que haya rendición de cuentas y amenazan la independencia judicial”, alerta HRW.
