El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), obtuvo auto de apertura a juicio en contra del excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla, por suponerlos responsables del delito de lavado de activos.
A los tres encausados en noviembre pasado se les dio captura mediante la ejecución de nueve allanamientos de morada en Tegucigalpa, Francisco Morazán y Yamaranguila, Intibucá, donde además se aseguraron 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y 10 vehículos, mismos que fueron traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
En la audiencia preliminar, efectuada la semana anterior, el Ministerio Público formalizó acusación por el delito de lavado de activos en contra de los tres encausados.
De acuerdo a las investigaciones iniciadas años atrás un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el excapitán realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.
Del mismo modo, Rodríguez Orellana habría participado en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA. Asimismo en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.
Posteriormente, al realizar el análisis financieros se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingresos en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.
Con lo anterior, se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la administración de rentas no es coherente con lo declarado.
