La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió dos investigaciones preliminares contra el presidente de Perú, Pedro Castillo. La primera de ellas corresponde a presuntos delitos de “tráfico de influencias agravado (en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe), en agravio del Estado”, según informó el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter este martes. La investigación se relaciona con dos concesiones realizadas por el Estado el año pasado.
El comunicado publicado por la Fiscalía atribuye al jefe de Estado “haber intervenido -indebida e indirectamente- en el proceso de licitación pública para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga (San Martín)”, así como presuntamente “haber intervenido -indebida e indirectamente- en el proceso para la adquisición de Biodiesel B100 en el mercado local”.
La segunda investigación abierta contra Castillo es “por la presunta injerencia en los ascensos militares”. En este caso, se le atribuye los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal”, según el documento del Ministerio Público.
La Fiscalía reconoce que “el inicio de los actos de investigación quedará suspendido hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal”.
Según la Constitución peruana el presidente solo puede ser acusado durante su mandato “por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.
Hasta este martes, el presidente Castillo no se ha pronunciado sobre el anuncio de las investigaciones en su contra. CNN está intentando comunicarse con el equipo de prensa de presidencia para obtener la reacción del mandatario.
La Fiscalía de Perú abrió su investigación preliminar sobre presunto tráfico de influencia tras reportes publicados el año pasado en medios locales como el programa de TV Cuarto Poder y el diario El Comercio.
Si bien las investigaciones iniciadas por la Fiscalía no tendrían consecuencias en el ámbito fiscal ni judicial debido a la inmunidad constitucional de la que goza el presidente, sí podría tenerlas en el ámbito político.
Aunque el presidente no puede ser acusado durante su mandato, ello no ha impedido que se le abra una investigación preliminar como ocurrió en el caso del expresidente Martín Vizcarra, a quien la fiscal de la Nación también abrió una investigación mientras ejercía la presidencia, proceso que está en curso.
Pero estos casos podrían tener consecuencias en el ámbito político si derivaran en una acción parlamentaria. No sería el primer desafío para castillo.
En diciembre de 2021, el Parlamento presentó una moción de vacancia en contra el mandatario, apoyada en otra investigación abierta por el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos contra el partido Perú Libre, que llevó a Castillo a la presidencia. Esa moción de vacancia también hacía mención a las denuncias realizadas en medios de comunicación locales y en el Congreso por los ex comandantes generales del Ejército y Fuerza Aérea respecto de una supuesta intervención de Castillo en los ascensos de militares.
Tras una votación en el Congreso peruano, la moción de vacancia contra Castillo no pasó a debate.
