Este día, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), otorgó una garantía de amparo a favor del Ministerio Público en el caso “Arca Abierta” o “Planeta Verde”.
El recurso de amparo otorgado está relacionado a la admisión de dos medios probatorios que consiste en un audio y vídeo, explicó Melvin Duarte, director de la unidad de comunicaciones de la CSJ.
En el inicio del proceso judicial, dichos medios de prueba fueron denegados por el juez natural designado por considerarlos “inútiles y no confiables”, no obstante, el ente acusador del Estado interpuso un primer recurso de amparo en la Sala de lo Constitucional para su admisión.
En ese orden, la Sala de lo Constitucional falló a favor de la Fiscalía para que el audio y vídeo fueran admitidos en la audiencia inicial.
Sin embargo, Duarte manifestó que el juez designado siguió con su postura que las dos pruebas eran inútiles y no confiables para un proceso judicial.
El vocero del Poder Judicial señaló que el ente acusador del Estado volvió a interponer un segundo recurso de amparo ante la no admisión de los dos medios de pruebas, y este viernes, la Sala de lo Constitucional concluyó que el proceso fue violentado ante la negación del juez.
“En su resolución se otorga el amparo que ha sido presentado por la Fiscalía y se manda que el juez natural proceda a admitir y a notificar a las partes procesales la admisión de dos medios probatorios”, dijo Duarte.
Añadió que estos dos medios probatorios serán evacuados en el momento procesal que le corresponde.
El caso Arca Abierta es una investigación del Ministerio Público que implica a funcionarios y exfuncionarios en malversación de caudales públicos en perjuicio del Estado.
Los imputados
“Arca Abierta” fue el nombre con el que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) denominó a una investigación relacionada con la malversación de caudales públicos por más de 21 millones de lempiras procedentes de Casa Presidencial, la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional que fueron depositados a una cuenta de la Asociación Planeta Verde.
De allí fueron a dar a las cuentas personales de diputados y exdiputados, así como a las de familiares y amigos, según la investigación.
Por este caso fueron acusados veinte personas, entre diputados y exdiputados, de las que cinco recibieron el sobreseimiento definitivo; seis, el sobreseimiento provisional; y once, el auto de formal procesamiento.
La Uferco presentó varios recursos de apelación con el fin de que a varios de los acusados les fuera revocado el sobreseimiento definitivo.
A título de autores del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública fueron señalados los actuales diputados: Juan Carlos Valenzuela, Gladis Aurora López, Gustavo Alberto Pérez, Welsy Milena Vásquez y Milton Puerto Oseguera.
Igualmente, los exparlamentarios: Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez, Edwin Roberto Pavón (QEPD), Hernán Enrique Vindel, Fabricio Puerto Oseguera, y Óscar Arturo Álvarez.
También por este mismo delito fue señalado Gregorio Alberto González Rivera.
Entretanto, a título de cómplices del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública se acusó a Estela Lisseth Muñoz Hernández, Arnold Gustavo Castro Hernández, Ana Lucía Castro López, Yajaira Lisbeth Talbbott Villatoro, José Alejandro Flores Zúniga, Indira Virginia Osorio Reyes, Iveth Salomé Navas Suazo, Geovanny Castellanos Deras y Allan Arony San Martin Vallejo.
