Las autoridades haitianas mantienen el mutismo sobre el secuestro a las afueras de Puerto Príncipe de un grupo de misioneros y sus familias, 16 estadounidenses y un canadiense, rapto del que se cumplieron 20 días.
Hasta ahora no hay información oficial sobre el estado del grupo, que está en manos de la banda criminal 400 Mawozo, una de las más peligrosas de Haití, que controla el distrito de Croix-des-Bouquets, donde el pasado 16 de octubre capturaron a las víctimas, entre las que hay cinco niños.
Tampoco la Casa Blanca ha vuelto a pronunciarse a este respecto desde hace días, habiendo dejado claro que no negociaría con los captores, que piden un rescate de 17 millones de dólares, uno por cada uno de los secuestrados, todos ellos pertenecientes a la organización religiosa Christian Aid Ministries.
La implicación de Estados Unidos en la resolución del rapto solo ha sido confirmada por el hecho de que efectivos del FBI participan en la investigación.
La semana pasada Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, dijo que Washington evalúa “todas las opciones posibles” para conseguir la liberación de los misioneros, sin entrar en más detalles.
Tampoco en la sede que la organización cristiana tiene en Haití, en la localidad de Titanyen, al norte de Puerto Príncipe, tienen noticias del estado de sus correligionarios desde que fueran capturados tras visitar un orfanato a las afueras de la capital el 16 de octubre.
Los secuestros se han vuelto cotidianos e indiscriminados en Haití en los últimos meses, aunque las víctimas suelen ser ciudadanos haitianos y su cautiverio no trasciende como lo hizo este caso, que ha causado conmoción internacional.
Las últimas cifras de secuestros ofrecidas por el Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos (CARDH) sitúan en 747 los raptos reportados en Haití desde principio de año hasta mitad de octubre, quincena en la que se registraron 119 víctimas, lo que supone un crecimiento exponencial de este delito.
Los haitianos, inmersos en una profunda crisis de violencia, tienen ahora puesta la atención en conseguir combustible, cuya distribución estuvo bloqueada durante semanas por las bandas armadas, dejando prácticamente paralizada la actividad en el país, dada su dependencia del carburante para generar electricidad.
