La Unión Europea (UE) prolongó este lunes 11 de octubre otro año más las sanciones impuestas a altos funcionarios vinculados al régimen de Daniel Ortega, por considerarlos relacionados con el deterioro de la situación política y social en Nicaragua.
El Consejo de la UE —institución en la que están representados los Gobiernos de los 27 países miembros— informó en un comunicado que ha extendido el marco legal en el que se basan estas sanciones hasta el 15 de octubre de 2022.
Este régimen de sanciones lo impuso la UE en octubre de 2019 contra personas y entidades “responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o por la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua”, así como contra quienes llevan a cabo “políticas o actividades que socavan la democracia y el Estado de derecho”.
Desde que se creó este marco legal, la UE ha sancionado a un total de 14 personalidades del régimen, entre ellos la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo; uno de los hijos de la pareja presidencial, Juan Carlos Ortega Murillo; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos Vanegas; el asesor presidencial de asuntos económicos, Bayardo Arce Castaño; la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general.
Se suman a ellos los jefes policiales: el director de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz, así como los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina, Ramón Avellán, Fidel Domínguez Álvarez y Juan Antonio Valle Valle. La lista de sancionados la completan el colaborador cercano de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, y la exministra de Salud, Sonia Castro.
Las medidas restrictivas consisten en la prohibición de viajar al territorio comunitario y la congelación de activos.
La mayoría de los catorce sancionados por la UE ya figuran en otras listas de castigados por los Gobiernos de Canadá, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, que los señalan de actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.
Eliminan competencia electoral
La UE ha reiterado que la vuelta a un diálogo inclusivo y la democracia en Nicaragua “es la única manera de salir de la crisis política, económica y social” que vive el país centroamericano.
Por ello, ha solicitado que las autoridades nicaragüenses pongan fin a la represión de los oponentes políticos, los medios independientes, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, y que garantice plenamente el respeto de las libertades fundamentales y los derechos civiles y políticos en el país.
En cambio, destacó que el Gobierno de Nicaragua ha “acelerado la represión, prohibiendo partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil y encarcelando a opositores políticos, académicos, periodistas y ciudadanos sin el debido proceso judicial”.
Para la UE, al actuar así, el Gobierno de Ortega y Murillo “ha eliminado la posibilidad de cualquier competencia electoral seria” en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, “privando a los ciudadanos de Nicaragua de su derecho soberano de elegir libremente a sus representantes”.
La UE reafirmó además su “compromiso de apoyar al pueblo de Nicaragua”, incluyendo ayudar a reforzar el Estado de derecho y respaldando el desarrollo económico y social para los más vulnerables.
