La octava fase de la Operación Omega está en marcha por parte del Ministerio Público, con allanamientos, capturas, aseguramiento de bienes e inspecciones por corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en su Hospital Regional del Norte y clínicas periféricas de Cálpules en San Pedro Sula y de Torocagua en Comayagüela.
Se trata de la línea de investigación de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) denominada “14 contratos” en referencia a la suscripción fraudulenta de igual número de proyectos de obras públicas, civiles, eléctricas y mecánicas con al menos seis empresas sampedranas, mediante las cuales se sustrajeron entre los años 2010 y 2013 la suma de 158 millones 817 mil 897 lempiras.
Específicamente, las obras tenían como objeto hacer mejoras en las instalaciones del Hospital Regional del Norte del IHSS y en clínicas periféricas, no obstante, según las investigaciones y diligencias efectuadas por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), las mismas quedaron inconclusas, con mala calidad y sobrevaloradas en un 52 por ciento de lo pagado por el IHSS, siendo, inicialmente, el monto de los contratos de L.179 millones 503 mil 516 lempiras, pero lo desembolsado fue de L.158.8 millones, aun así, el valor sobrevalorado ascendió a 82 millones 937 mil 586 lempiras, de lo cual se beneficiaron exfuncionarios del IHSS.
Las empresas involucradas son: Ingeniería OGO, Soluciones Técnicas de Ingeniería SOTECNI, Construcciones Lozano de Honduras, BM Construcciones, Constructora JOALCA y Constructora Rosales Cabus.
En ese sentido, se presentaron acusaciones contra los exfuncionarios y empresarios por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y lavado de activos y se ejecutarán capturas, al tiempo que se procede al aseguramiento de 43 bienes considerados de origen ilícito, de ellos 13 son viviendas (12 en San Pedro Sula y Choloma y una en Tegucigalpa), 10 son vehículos y 20 son sociedades mercantiles, registradas su mayoría en la zona norte del país.
De su lado, la Fiscalía de Protección al Consumidor y Adulto Mayor (FEPCAM), durante la Operación Omega VIII, efectúa operativos en coordinación con el Marco Normativo de
la Secretaría de Salud, ya que se investigan laboratorios, inclusive farmacias, no autorizadas para practicar pruebas para la detección y seguimiento del COVID-19, por lo que mediante inspecciones se verificarán permisos de operación, condiciones y requerimientos básicos, regulación de toma de muestras y protocolos de desechos.
Lo anterior, debido a una gran cantidad de denuncias en relación a que laboratorios están funcionando de manera ilegal, sin experticia y haciendo pruebas que no son aceptadas en controles migratorios, de aduanas o aerolíneas y que en muchos casos son requisitos imprescindibles para poder viajar a algunos destinos en el extranjero.
Por otra parte, en Omega VIII, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) y la ATIC desarrollan investigaciones a denuncias relacionadas al actuar policial en las ciudades de Comayagua, Siguatepeque y Marcala, donde se presume la existencia de delitos de violación de los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad y allanamiento de morada.
Otros casos en Omega VIII tienen que ver con la defensa y representación a víctimas y grupos sociales vulnerables; solo la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer de Tegucigalpa presentará 70 requerimientos fiscales por violencia de género, de lo que se espera una gran cantidad de capturas, las que además se ejecutarán en materia de delitos contra la vida, extorsión, tráfico de drogas, robo, porte ilegal de armas, asociación para delinquir, pornografía infantil, trata y tráfico de personas, entre otros ilícitos.
En tanto, la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural judicializa un caso explotación ilegal de recursos naturales dentro de los territorios ancestrales de la tribu pech Santa María del Carbón, realizará inspecciones en proyectos hidroeléctricos ubicados en el departamento de Comayagua a raíz de denuncias de comunidades indígenas lencas e inspecciones en sitios arqueológicos en Santa Bárbara donde también se hace efectivo el decomiso se documentos en la alcaldía municipal.
En suma, con la Operación Omega VIII, el Ministerio Público dirigirá a nivel nacional acciones tendientes a darle una respuesta a la sociedad en el combate a incidencia delictiva y la corrupción, en cumplimiento a su mandato legal y constitucional.
