El primer ministro húngaro, Viktor Orban, anunció este miércoles un referéndum para evaluar el apoyo a la polémica ley que afecta a la comunidad LGTB, después de que la Comisión Europea abriera un expediente de infracción contra Budapest.
“Bruselas ha atacado claramente a Hungría en las últimas semanas sobre la ley” que prohíbe la “promoción” de la homosexualidad entre los menores, afirmó el primer ministro en un video difundido en su página de Facebook.
Acto seguido enumeró cinco preguntas, como por ejemplo si los húngaros aceptan que el colegio “hable de sexualidad con sus hijos sin su consentimiento”, si apoyan “la promoción de los tratamientos de cambio de sexo para los menores” o la “presentación sin restricciones ante los menores de contenido mediático de carácter sexual que afecte a su desarrollo”.
Orban, quien no ha fijado una fecha para la consulta, pide a los húngaros que respondan “no” a todas las preguntas, que según él son exigencias que la Unión Europea quiere imponer a Hungría.
La Unión Europea y Hungría están enzarzadas en un tira y afloja legal sobre una ley de protección de los menores, adoptada el 15 de junio, que prohíbe mencionar la homosexualidad y el cambio de sexo ante los menores.
El Ejecutivo europeo la considera discriminatoria contra las personas LGTB y ha abierto un expediente de infracción contra Hungría, que puede desembocar en el Tribunal de Justicia de la UE y posteriormente en la adopción de sanciones financieras.
Desde el regreso al poder de Orban en 2010, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han condenado reiteradamente a Hungría por sus reformas judiciales o relativas a los medios de comunicación, los refugiados, las oenegés, las universidades y las minorías.
El anuncio de Orban sobre el referéndum se produce después de que los medios de comunicación internacionales afirmaran el domingo que Hungría podría haber utilizado el programa Pegasus, de fabricación israelí, para espiar unos 300 teléfonos inteligentes, incluidos los de periodistas.
El gobierno ha negado las acusaciones, pero éstas han provocado indignación y aumentaron la preocupación por la libertad de prensa.
Desviar la atención
El alcalde ecologista de Budapest, Gergely Karacsony, reaccionó al anuncio del referéndum estimando que se trata de una estrategia para desviar la atención de los húngaros de otros temas.
“El escándalo de Pegasus estalló hace unos días. El gobierno tartamudea, no tiene respuestas, y luego llega la solución: ¡un referéndum!”, declaró por su parte a la AFP la diputada de la oposición Bernadett Szel.
Para que un referéndum tenga implicaciones legales, es necesario que participe más de la mitad de los votantes registrados, según los cambios constitucionales de 2011, y desde entonces no se ha celebrado ningún referéndum válido.
El referéndum de 2016 sobre la migración sólo tuvo 43% de participación, por lo que fue anulado, aunque Orban lo declaró una victoria ya que más del 98% de los que votaron dijeron “no” al plan de cuotas obligatorias de reubicación de refugiados de la UE.
