Ya de por sí con una economía colapsada –la pobreza alcanza al 60% de la población– y una democracia muy dañada, Haití está conociendo un acusado deterioro financiero e institucional durante la presente crisis pandémica.
No solo no está habiendo recuperación económica este año –el FMI estima para 2021 un crecimiento del PIB a lo sumo del 1%–, sino que la excepcionalidad social que supone el Covid-19 está permitiendo al presidente del país, Jovenel Moïse, gobernar por decreto desde hace más de un año.
Sin Parlamento constituido y con un mandato presidencial que la Corte Suprema considera expirado, Moïse se está deslizando hacia un autoritarismo que de momento parece contar con el apoyo del Ejército.
