La Organización de las Naciones Unidas (ONU) analizó este martes las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega. En la sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, presentó actualizaciones de sus informes anteriores sobre el país.
En su intervención, Bachelet exigió que la dictadura de Daniel Ortega libere a todos los candidatos a presidente encarcelados y les permita participar en las elecciones.
“Desde mi último informe el pasado 23 de febrero, mi oficina ha observado un preocupante deterioro de derechos humanos, que alejan la posibilidad de que se pueda elegir libremente en las elecciones”, manifestó la diplomática chilena.
“Lamentablemente no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones que hizo mi oficina. La crisis se ha agudizado de manera alarmante”, subrayó.
Luego recordó que la Policía detuvo a varios miembros de la oposición en las últimas semanas: “Cinco candidatos y otros opositores que están detenidos sin suficiente evidencia probatoria”, indicó.
“Llamo al gobierno a un cambio urgente, que implica liberar de inmediato a los detenidos y derogar la legislación restrictiva del espacio democrático. Reitero que es urgente que se autorice el regreso de mi oficina en Nicaragua”, concluyó.
59 países firmaron hoy una declaración conjunta en la que se condena la violación de los derechos humanos en Nicaragua e instan a la dictadura encabezada por Daniel Ortega a garantizar elecciones libres y liberar de forma inmediata a los candidatos presidenciales arrestados en los últimos días por el régimen que comanda. México y Argentina -que ayer llamaron a consultas a sus embajadores- no rubricaron el comunicado. El documento será leído una vez que Bachelet lea su informe sobre el país centroamericano.
“Compartimos las preocupaciones de la Alta Comisionada sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables. Instamos al Gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”, señala la declaración firmada por las 59 democracias.
Entre las naciones que firmaron figuran: Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Guyana, Haití, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marshall Islands, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Palau, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Corea del Sur, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Gran Bretaña y los Estados Unidos.
La declaración conjunta prosiguió: “Estamos preocupados por el hecho de que el Gobierno no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 fijada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y respaldada por este Consejo en marzo. Nos preocupa profundamente que las leyes recientemente promulgadas restrinjan indebidamente la participación política, la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. La disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples aspirantes a la presidencia y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su inmediata liberación”.
“Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas en Nicaragua este noviembre. Instamos a Nicaragua a que se comprometa con la comunidad internacional, a que aproveche la asistencia técnica, a que permita la presencia de observadores electorales internacionales y a que restablezca el diálogo y renueve la confianza en la democracia. Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres y justas mediante un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país”, concluyó el documento.
La representante de México, en una intervención, se limitó a pedir “diálogo”, sin hacer mención al arresto de los candidatos, la persecución a los críticos y las elecciones libres.
La Policía de Nicaragua mantiene bajo arresto a cinco aspirantes presidenciales de la oposición: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, a quienes acusa de “traición a la patria”.
En todos los casos, la Policía informó que se los investiga por presuntamente “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”.
También se los acusa de “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones”.
Además, están detenidos ex vicecancilleres, históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un ex dirigente empresarial, un banquero, activistas y dos ex colaboradores de una ONG.
Las fuerzas del régimen de Ortega también allanaron la vivienda del periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, galardonado en los 38 Premios de Periodismo Ortega y Gasset.
Las detenciones de opositores se dan a menos de cinco meses para las elecciones generales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección.
Tanto las agrupaciones a las que pertenecen los detenidos, como sus abogados, han coincidido en que los arrestos de las últimas semanas son ilegales por ejecutarse sin orden judicial, y que violan los derechos humanos porque en la mayoría de los casos no se ha vuelto a saber de los capturados.
En los próximos comicios, Ortega se jugará 42 años de primacía casi total sobre la política nicaragüense.
