Tras una espera de cuatro días los peruanos conocieron los resultados finales del escrutinio de la segunda vuelta electoral presidencial del pasado domingo, dando como vencedor por solo 70.000 votos (el padrón es de más de 25 millones de personas y votaron 18,7 millones) a Pedro Castillo (izquierda populista) sobre Keiko Fujimori (derecha populista).
Sin embargo, se sigue de cerca qué pasará con las denuncias de fraude de Fujimori, pues quiere impugnar una gran cantidad de actas (802) que eliminarían alrededor de 200.000 votos, aunque expertos mencionaron que era poco probable que el resultado final cambie.
Es decir que se podría esperar hasta dos semanas para oficializar la victoria.
“Da la sensación de que ella quisiera cuestionar todo el proceso electoral. Esta incertidumbre, gane quien gane, va a golpear mucho al estado de ánimo nacional”, expresaba el analista Hugo Otero poco antes de terminar el conteo.
El órgano electoral (ONPE) niega la posibilidad de fraudes, lo mismo que la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que calificó el proceso de normal y transparente.
El reclamo de Fujimori se parecería a los discursos que han mantenido el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el aún primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quienes han hablado de fraude sin argumentos en sus países, según una publicación de CNN.
El diario peruano La República indicó que el asesor electoral del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Martínez-Betanzos, ya ha mencionado que no hay nada que haga pensar que en el proceso electoral de Perú hubo irregularidades sistémicas como dice Fujimori. De igual manera celebró el trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú también se ha pronunciado rechazando cualquier acusación de fraude.
En medio de la espera el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez aumentó otro problema al solicitar la prisión preventiva para Fujimori, algo que elevó todavía más la tensión.
Pérez solicitó al juzgado anticorrupción “que se revoque la comparecencia con restricciones [libertad condicional] y se dicte nuevamente prisión preventiva contra la acusada Keiko Fujimori”, por infringir la prohibición de reunirse con testigos del caso Odebrecht, por el que está bajo investigación, recoge AFP.
