La policía de Nicaragua ha detenido a cinco destacados personajes de la oposición en dos días, acelerando así el avance a un régimen de partido único.
Una ola de detenciones de políticos y líderes de la sociedad civil por acusaciones infundadas de desestabilización significa que el presidente Daniel Ortega, quien gobierna desde 2007, irá prácticamente sin contrincantes a la elección general de noviembre.
“Ortega se pasó de la raya”, dijo Carlos Fernando Chamorro, un reconocido periodista nicaragüense que tiene dos parientes cercanos que fueron detenidos en la última semana. “Este es el último golpe contra la competencia política”.
En total, en la última semana, la policía encarceló o puso bajo arresto domiciliario a cuatro candidatos presidenciales de la oposición así como a la pareja de uno de los candidatos, una destacada activista social y a un líder empresarial. La represión prosiguió el miércoles, cuando la policía arrestó a otro activista opositor, José Pallais.
Estados Unidos respondió a las medidas con sanciones para cuatro funcionarios de Ortega el miércoles, entre ellos su hija. En años recientes las sanciones contra decenas de otros altos funcionarios nicaragüenses no han logrado aligerar la represión.
La mayoría de los detenidos recientes han sido sometidos con la llamada “ley guillotina” de Nicaragua, que desde finales del año pasado ha permitido que el gobierno acuse a cualquier ciudadano de trabajar para países extranjeros y fomentar la inestabilidad sin tener que presentar pruebas.
En otra señal de una represión cada vez más profunda, los fiscales han interrogado a casi 30 periodistas en supuestos casos de lavado de dinero en las últimas semanas, amenazando con acallar a los últimos medios independientes que quedan en el país.
La rapidez y amplitud del ataque a los últimos bastiones de la oposición de Nicaragua durante la semana pasada ha sorprendido incluso a los opositores de Ortega, quien ha ido desmantelando las instituciones democráticas del país y reprimido la disidencia desde que ganó las elecciones en 2006.
Las últimas detenciones han incluido a exiliados y funcionarios de Ortega, tres de los detenidos habían participado en el diálogo de paz con el presidente luego de la brutal represión a las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos.
“Estamos atestiguando algo sin precedentes en la historia moderna de América Latina: un regreso a las dictaduras al estilo de la Guerra Fría”, dijo Mateo Jarquin, experto en Nicaragua de la Universidad Chapman en California.
Estados Unidos ha reaccionado vigorosamente a las medidas de Ortega y exigido la liberación inmediata de los disidentes detenidos. En un comunicado difundido el miércoles, congresistas estadounidenses de ambos partidos han pedido sanciones “económicas y diplomáticas específicas” contra Ortega.
Los arrestos “deberían despejar cualquier duda sobre las credenciales de Ortega como dictador”, dijo el martes en Twitter Julie J. Chung, secretaria asistente en funciones del Departamento de Estado para asuntos del hemisferio occidental. “A la comunidad internacional no le queda otra alternativa que tratarlo como tal”.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Gutteres, comentó el miércoles que los arrestos minan la confianza en las elecciones de Nicaragua y pidió la liberación de los disidentes detenidos.
Sin embargo, la represión en Nicaragua fue recibida con el silencio de otros gobiernos centroamericanos, una señal del debilitamiento más general de las normas democráticas en la región.
Solo un movimiento de oposición nicaragüense, Ciudadanos por la Libertad, sigue siendo elegible legalmente para postular candidatos a la votación de noviembre. A pesar de que sus opciones se reducen rápidamente, el movimiento se ha mantenido desafiante.
“Con el candidato que quede, con ese nos vamos a enfrentar a Ortega”, dijo el lunes Kitty Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad.
