El Tribunal Supremo del Reino Unido, la máxima instancia judicial del país, analizará entre el 19 y el 21 de julio el caso del acceso al oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra, que reclaman tanto la administración de Nicolás Maduro como el equipo del opositor Juan Guaidó.
La junta del Banco Central de Venezuela (BCV), designada por Maduro y presidida por Calixto Ortega, planea vender cerca de 1.000 millones de euros de esos activos para transferirlos a la ONU a fin de adquirir equipamiento contra la pandemia, lo que trata de impedir la junta paralela nombrada por Guaidó.
Para que la Justicia británica pueda determinar quién tiene autoridad sobre los 31 lingotes de oro, valorados en unos 1.600 millones de euros (1.950 millones de euros), debe dirimir primero a quién reconoce el Gobierno de Londres como jefe de Estado en Venezuela, si a Maduro, que controla las instituciones venezolanas y con quien mantiene relaciones diplomáticas, o al líder opositor, al que, como otros países, reconoce como presidente interino.
El Supremo examinará en julio un recurso elevado por la junta del BCV nombrada por Guaidó, que pide que se anule un fallo desfavorable emitido el pasado 5 de octubre por el Tribunal de Apelaciones.
Este tribunal rechazó que el Gobierno británico reconociera al líder opositor de forma «inequívoca» como presidente de Venezuela a todos los efectos en una declaración del 4 de febrero de 2019, donde lo consideraba «presidente constitucional interino» hasta que se celebraran elecciones legítimas.
La corte de Apelaciones invalidó así un dictamen del 2 de julio de 2020 del Tribunal Superior, que otorgaba a la junta «ad hoc» de Guaidó la autoridad sobre los activos depositados en Inglaterra.
Se espera que el Supremo, ante el cual comparecerán, por primera vez en este caso, abogados del Ejecutivo británico, emita su fallo varios días después de las audiencias, tras lo cual el proceso regresará a la División Comercial del Tribunal Superior.
Entre el 19 y el 21 de julio presentarán sus alegatos los abogados de la junta del BCV de Maduro, del bufete Zaiwalla & Co; los representantes de la junta «ad hoc» nombrada por Guaidó, del despacho Arnold & Porter; y los letrados del ministerio de Exteriores británico.
