Las iglesias católica y evangélica pidieron este sábado a los candidatos que disputarán el balotaje presidencial del 6 de junio en Perú, la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Pedro Castillo, que juren que respetarán las instituciones democráticas, tras cinco años de inestabilidad política.
La Conferencia Episcopal católica y la Unión de Iglesias Evangélicas suscribieron, junto a un par de ONG, una “Proclama Ciudadana” en la que solicitan a ambos candidatos comprometerse a “respetar y proteger la independencia y los fueros de los otros poderes del Estado”, en caso de convertirse en el próximo presidente de Perú.
“Pedimos a los candidatos a la Presidencia de la República hacer un solemne juramento por la Democracia en el Perú”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, Miguel Cabrejos, al presentar el documento.
Perú, en recesión a causa de la pandemia y políticamente inestable desde 2016 -con tres presidentes en cinco días en noviembre pasado-, se encamina a un balotaje que amenaza con polarizar al país entre dos postulantes situados en las antípodas y que en conjunto obtuvieron apenas el 32% de los votos en la primera vuelta, el 11 de abril.
Tanto Castillo, un maestro de escuela rural, como Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, enfrentan cuestionamientos de sectores que temen que puedan apartarse del sistema democrático.
“Es una necesidad imperiosa que quien salga elegido o elegida […] se comprometa firmemente con la agenda urgente del país azotado por la pandemia, así como con la construcción de un Perú democrático, justo, fraterno, solidario, en paz”, agregó Cabrejos, quien además preside el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
Cabrejos afirmó asimismo que el futuro mandatario peruano debe jurar que será “respetuoso de la libertad, defensor de la vida y del bien común, de la naturaleza y de la gran población empobrecida y vulnerable”.
La proclama fue suscrita además por la Asociación Civil Transparencia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Los programas de ambos candidatos son diametralmente opuestos: Keiko Fujimori, de 45 años, defiende el libre mercado mientras que Pedro Castillo, de 51, aboga por un activo papel económico del Estado, incluso con nacionalizaciones.
El próximo presidente debe asumir el poder el 28 de julio en sustitución del mandatario interino Francisco Sagasti y tendrá como reto terminar con la inestabilidad política del último quinquenio, entre otros desafíos.
“Que no busque la reelección”
Sectores de derecha han presentado a Castillo, quien lidera los sondeos de cara al balotaje, como afín al brazo político de la derrotada guerrilla maoísta de Sendero Luminoso y al presidente venezolano Nicolás Maduro.
A Keiko se le reprocha el polémico legado autoritario de su padre, a quien ella reivindica, y el haber alimentado la inestabilidad que vive Perú por la férrea oposición de su partido en el Congreso a los presidentes Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. El primero se vio forzado a renunciar en 2018 y el segundo fue destituido en 2020.
Los candidatos deben jurar “respetar y defender el derecho fundamental a la vida y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes”, incluidas los de las minorías, y que respetará la libertad de prensa, dice la proclama.
“Que jure dejar el poder después del 28 de julio de 2026 y no buscar ni intentar ningún mecanismo de reelección”, añade.
Coincidencias
Keiko, quien llega a un balotaje por tercera vez, ha dicho que, de convertirse en presidenta, indultará a su padre, quien cumple condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción durante su gobierno (1990-2000).
Ella misma enfrenta un pedido de la Fiscalía de 30 años de prisión en un próximo juicio por presunto lavado de dinero y otros cargos en el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht, que salpicó a cuatro expresidentes peruanos. Por ese caso Keiko Fujimori estuvo en prisión preventiva por 16 meses, hasta mayo de 2020.
A pesar de sus diferencias, ambos candidatos coinciden en algunos temas: son antiaborto, defienden la familia tradicional, no dan importancia a los derechos de la comunidad LGTBI y rechazan el enfoque de género en las escuelas.
