Distintas organizaciones denuncian una alarmante violencia que habría dejado cerca de 40 fallecidos en las protestas que desde hace ocho días se llevan a cabo en Colombia -convocadas por el Comité de Paro Nacional- para manifestar su rechazo a la reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque y a la represión de las fuerzas de seguridad que se ha llevado a cabo a lo largo de las distintas jornadas.
La violencia ha sido criticada por la comunidad internacional, así como por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Las protestas han dejado en estos ocho días 37 víctimas de “homicidio”, según ha indicado este miércoles la ONG Temblores, que ha denunciado también 1.708 casos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, entre ellas 110 casos de disparos de arma de fuego y diez denuncias por violencia sexual.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha alertado que el departamento del Valle del Cauca, que acoge esta ciudad, es el que presenta la situación más preocupante, ya que 25 de los 31 fallecidos que notifica esta organización se han registrado en esa región hasta el 3 de mayo.
Según Indepaz, al menos 13 de los casos en Cali se achacan a miembros del Esmad, mientras cuatro a agentes de la Policía y circulan duras imágenes de personas heridas en la vía pública de la ciudad.
“Muy destacable la labor de los jóvenes que denuncian con sus celulares y nos hacen llegar los videos en medio de las agresiones”, agradeció el instituto en referencia a todas las imágenes que llenan las redes para alertar de la situación en el país, recoge El Espectador.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo hizo un balance que apunta a 24 fallecidos en las últimas seis jornadas de protestas, entre las que al menos cinco habrían perdido la vida por actuaciones del Esmad y otros seis por extralimitación de funciones de policías regulares.
Precisamente sobre las víctimas mortales de las protestas, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que de once casos de homicidios en el marco del paro nacional -que la Fiscalía tiene relacionadas con las protestas-, tres serán imputados a miembros de la Policía Nacional.
Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseveró este miércoles que “organizaciones criminales se esconden detrás de la legítima protesta” y ha ofrecido una recompensa económica por denuncias contra “el vandalismo y delitos”.
“El vandalismo extremo se encuentra financiado y articulado por mafias del narcotráfico”, mencionó, al tiempo que comentó que para enfrentarlas han diseñado una respuesta nacional “que ya está dando resultados” y que incluye una línea telefónica de denuncias y un grupo especial de investigación.
Por otro lado, se enciende en el país el debate sobre la posibilidad de imponer el estado de conmoción interior –permitiría, entre otras cosas, restringir las marchas, limitar a los medios de comunicación-, una herramienta que Duque ha afirmado este miércoles que no descarta, pero que el Gobierno ha desmentido que vaya a declarar.
Al respecto, la bancada en el Congreso colombiano del partido de Comunes ha alertado de que “la ultraderecha ha expresado de manera abierta su intención de aprovechar los desmanes y el caos para cambiar el eje del debate de las reformas necesarias hacia la represión policial y militar y, en ese sentido, declarar un estado de conmoción interior que termine llevando por delante la institucionalidad y la democracia limitada y restringida que tenemos en Colombia”.
Así lo recogió Comunes en una misiva firmada por los senadores Julián Gallo, Criselda Lobo y Pablo Catatumbo y por los diputados Carlos Alberto Carreño, Omar de Jesús Restrepo, Luis Alberto Albán y Jairo Cala Suárez.
