A poco más de un año para dejar el poder, el presidente conservador colombiano, Iván Duque, acaba de sufrir otra derrota política al retirar su polémico proyecto de reforma tributaria. La marcha atrás se produjo tras un fin de semana de violentas protestas que dejaron al menos 17 muertos y más de 800 heridos en enfrentamientos con la policía y el Ejército.
Sin reelección posible, en estos tres años Duque ha tratado de llevar adelante reformas estructurales, varias de las cuales han chocado con el Parlamento o la justicia, pero sobre todo con la calle. Desde el primer día, los movimientos populares han desconfiado del delfín del expresidente ultraliberal Álvaro Uribe, pese a que Duque hizo campaña como el más progresista del uribista Centro Democrático (CD).
De hecho, la reforma tributaria era calificada de progresista por algunos analistas e incluso era cuestionada por dirigentes del CD y por el propio Uribe. El proyecto tenía como objetivo oficial aumentar la recaudación del Estado para hacer frente a las necesidades de las clases más bajas afectadas por la pandemia. Sin embargo, el intento de aumentar el IVA al 19% para productos y servicios básicos como la electricidad o el gas provocaron una nueva revuelta ciudadana.
“No va a haber aumentos en el IVA en bienes y servicios, ni tampoco cambiar las reglas de juego en el país”, dijo Duque el domingo al anunciar la retirada del proyecto tras “escuchar a la ciudadanía”. El presidente prometió modificar la reforma por “consenso” y aseguró que los tributos no alcanzarán a las rentas más bajas, que son las que supuestamente debían verse beneficiadas por los subsidios sociales que iban a salir de los 5.200 millones de euros de recaudación extra. “Las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo”, afirmó Duque. El proyecto pretendía que a partir del año que viene tributaran quienes ganen más de 550 euros mensuales y en el 2023 se bajaría el listón hasta los sueldos de 310 euros, en un país donde el salario mínimo es de 210 euros.
Las protestas se iniciaron el miércoles con una huelga general pero fueron especialmente violentas el sábado, coincidiendo con el día del Trabajo. Duque ordenó al Ejército patrullar las calles de las principales ciudades ante el inicio de saqueos, lo que aumentó la indignación de los manifestantes. Varias oenegés denuncian asesinatos policiales, detenciones arbitrarias y otras violaciones de los derechos humanos, pero no se ponen de acuerdo en el número de muertos. La Fiscalía General investiga 14 posibles fallecimientos y la Defensoría del Pueblo eleva la cifra a 17, en una represión policial especialmente dura en Cali.
Sindicatos y organizaciones de izquierda llaman a seguir saliendo a las calles para protestar contra la actuación policial, como ya sucedió durante la prolongada revuelta ciudadana iniciada en noviembre del 2019. A un año de las elecciones, la imagen de Duque se desploma y el hartazgo ciudadano hace vislumbrar un posible giro político en el único país latinoamericano que nunca ha gobernado la izquierda. Todas las encuestas sitúan al izquierdista Gustavo Petro –que perdió contra Duque en la segunda vuelta del 2018– con la mayor intención de voto y un sondeo ya le otorga el 38% de los sufragios.
