El Congreso Nacional (CN) aprobó un dictamen que imposibilita las demandas contra el Estado de Honduras, por resultados adversos o daños de quienes se apliquen la vacuna o medicamentos contra el COVID-19.
El proyecto presentado por el poder ejecutivo hondureño fue aprobado en su totalidad.
Pese a que varios parlamentarios manifestaron estar en contra el dictamen porque quita un derecho que corresponde a quienes puedan resultar afectados.
En eso consiste la Ley Especial de Regulación del Uso de Vacunas y Tratamientos Médicos para el Combate de la Emergencia Humanitaria y Sanitaria a Consecuencia del COVID-19, por Personas Naturales y Jurídicas Nacionales o Extranjeras.
De esta manera, las personas no serán susceptibles de demandas, denuncias judiciales, administrativas o de cualquier otra naturaleza, además estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o administrativa, comercial u obligación de indemnizar.
Entre uno de sus artículos, se establece que la administración o uso de cualquier producto para tratamiento médico del COVID, requiere de un registro formal o autorización mediante resolución emitida por la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) y la Secretaría de Salud (Sesal)
En ese sentido, la diputada Johana Bermúdez, integrante de la comisión de Salud, en el uso de la palabra manifestó que “todos los doctores sabemos que la suministración de medicamentos produce efectos adversos”.
Agregó que “el beneficio de la vacuna sigue siendo hoy por hoy 100 por ciento superior a los efectos que pueda causar, así que estamos de acuerdo que es importante que se respete el derecho de acceso a la vacuna”.
