Los homenajes se multiplicaron este martes en los funerales de decenas de manifestantes prodemocráticos asesinados en los últimos días en Birmania, donde cientos de personas están desaparecidas desde el golpe de Estado, según la ONU.
Más de 180 civiles murieron desde que los militares tomaron el poder el 1 de febrero y detuvieron a Aung San Suu Kyi, según la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos (AAPP).
El balance aumentó considerablemente en los últimos días y la junta parece más decidida que nunca a reprimir las protestas pese a las condenas internacionales.
El martes se celebraron algunas protestas dispersas pero con un número de manifestantes reducido ya que muchos birmanos temen salir a la calle.
Un joven manifestante murió en la ciudad de Kawlin (centro), “alcanzado por un disparo en el abdomen”, dijo un socorrista a la AFP.
El domingo, cuando se registraron 74 muertos, fue el día más sangriento desde el golpe de Estado.
Este martes cientos de estudiantes de medicina participaron en Rangún en el funeral de uno de los fallecidos el domingo, Khant Nyar Hein, de 18 años.
Con batas blancas, hicieron el saludo de tres dedos frente a su féretro, en señal de resistencia, coreando “¡Nuestra revolución debe prevalecer!”.
“Mi corazón está roto. Necesitamos democracia (…) necesitamos libertad. Ayúdanos”, dijo su madre.
También se celebró un último adiós a varios manifestantes muertos en Hlaing Tharyar, un suburbio industrial de Rangún. “Paz a nuestros héroes” y “Que sus almas descansen en paz” fueron algunos de los mensajes publicados en las redes sociales.
Frente a la violencia, los habitantes de Hlaing Tharyar, decidieron huir el martes, amontonando sus pertenencias y mascotas en camiones, tuk-tuks o en vehículos de dos ruedas.
“Se podía ver gente en las carreteras, hasta donde alcanzaba la vista, huyendo hacia sus zonas de origen”, indicó un medio local.
“Se fueron esta mañana temprano”, confirmó un residente a la AFP. “No nos atrevemos a salir a la calle. Oímos disparos por la noche”.
Las personas detenidas en los seis distritos de Rangún donde se impuso la ley marcial se arriesgan a comparecer ante un tribunal militar y se enfrentan a una pena mínima de tres años de trabajos forzados.
La violencia de los últimos días ha provocado una nueva ola de protestas internacionales.
“Cientos de personas que han sido detenidas ilegalmente siguen desaparecidas, sin que las autoridades militares lo reconozcan, lo que equivale a desapariciones forzadas”, dijo Ravina Shamdasani, una portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Según la AAPP, desde el 1 de febrero fueron detenidas casi 2.200 personas, entre ellas Aung San Suu Kyi, de 75 años, que sigue incomunicada, así como políticos, responsables locales, activistas, artistas y funcionarios en huelga.
La exjefa de facto del gobierno civil debía comparecer por videoconferencia el lunes, pero la audiencia se aplazó por falta de acceso a internet.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo desde Tokio que “los militares intentan anular los resultados de unas elecciones democráticas y reprimen brutalmente a los manifestantes pacíficos”.
La violencia de las últimas seis semanas está teniendo cada vez un mayor impacto en la frágil economía del país. Muchos funcionarios siguen en huelga, afectando a muchos sectores.
Y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas advirtió el martes que “el aumento de los precios de los alimentos y del combustible” afectará rápidamente a los más pobres.
El ejército también responde a las protestas en el frente judicial.
La Premio Nobel de la Paz 1991 está acusada de cuatro infracciones. También se la acusa de corrupción, ya que según el régimen aceptó 600.000 dólares en sobornos y más de 11 kilos de oro. La próxima audiencia está prevista para el 24 de marzo.
