Mientras millones de personas esperan ser vacunadas contra el COVID-19, los miembros de las juntas directivas de los hospitales y sus donantes han tenido rápido acceso a las limitadas cantidades de la vacuna que hay por ahora, planteando interrogantes acerca de un posible favoritismo a la hora de decidir quiénes son inoculados primero.
El procurador general del pequeño estado de Rhode Island, Peter Neronha, está investigando versiones de que dos cadenas de hospitales ofrecieron vacunas a los miembros de sus juntas. Un hospital del Seattle fue regañado por el gobernador del estado de Washington Jay Inslee por dar citas para vacunarse a algunos de sus principales donantes. Y en Kansas, miembros de la junta de otro hospital fueron vacunados durante la primera fase de la campaña de inoculaciones, reservada para las personas que mayor riesgo de infección corrían.
Hospitales de la Florida, Nueva Jersey y Virginia también han tenido que responder a preguntas sobre su distribución de vacunas tras inocular a donantes y familiares de sus ejecutivos.
Las revelaciones pueden minar la confianza del público en una campaña de vacunaciones ya de por sí empañada por la escasez de vacunas, enredos con las citas y cambiantes patrones en relación con quienes son vacunados primero.
“Queremos que se vacune a la gente en base a las prioridades, no los privilegios”, declaró el portavoz del gobernador Inslee, Mike Faulk. “Todos merecen una oportunidad justa de ser vacunados”.
Siguiendo directivas del gobierno nacional, cada estado fijó sus propios criterios para las vacunaciones. La idea es inocular primero a los trabajadores esenciales y a las personas que más peligro corren, como los ancianos, los médicos y demás personal que combate el virus, así como las personas mayores de 65 años.
A veces no queda claro si se comete algún tipo de irregularidad cuando se vacuna a gente que no figura en esas categorías. Los criterios varían de estado a estado y las autoridades tienen cierto nivel de discreción al decidir a quién vacunan primero.
El procurador Neronha dispuso investigar el tema cuando el diario The Providence Journal dijo este mes que a algunos integrantes de las juntas de las cadenas de hospitales Lifespan y Care New England les habían ofrecido vacunas.
Neronha dijo a la Associated Press el viernes que, de ser cierto, ello plantearía serios interrogantes acerca de si la vacuna está siendo usada como corresponde.
“Todos sabemos que hay mucho en juego. La gente está frustrada, asustada”, manifestó el procurador. “En vista de la escasez de vacunas, cada dosis es vital”.
Una vocera de Care New England, Raina Smith, dijo en un email que la cadena cooperará con los investigadores. La portavoz de Lifespan Kathleen Hart distribuyó un comunicado afirmando que la cadena había seguido las pautas fijadas por el estado de Rhode Island y que hace poco fue autorizada a vacunar empleados y voluntarios que corren menos riesgos, “incluidos miembros de las juntas, que entran en la categoría de voluntarios”.
El Seattle Times, por su parte, informó que Overlake Medical Center & Clinics le envió correos electrónicos a 110 personas que donaron al menos 10.000 dólares, diciéndoles que había vacunas disponibles. Indicaba que debían apuntarse como “invitados”.
Esto sucedía en momentos en que el registro público de Overlake estaba lleno.
El administrador del centro médico dijo que la invitación fue una solución práctica a la que se apeló cuando al sistema de apuntes para citas dejó de funcionar. Overlake suspendió las citas por invitación cuando fue contactado por funcionarios de la gobernación y su CEO J. Michael Marsh ofreció una disculpa.
La alcaldesa de Seattle Jenny Durkan pidió que se tomen medidas para evitar favoritismos. “Tenemos la obligación de garantizar que nuestra batalla contra la pandemia no agrava las desigualdades”, afirmó.
Arthur Caplan, director de ética médica de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, dijo que es comprensible que los hospitales vacunen a personal que no trabaja directamente con los pacientes, como los técnicos de computadoras. Pero acotó que vacunar a los miembros de sus juntas directivas genera desconfianza acerca de la distribución de vacunas.
“Es un recordatorio de que si eres rico, tienes buenas conexiones y sabes cómo explotar el sistema, consigues acceso a cosas a las que otros no pueden acceder”, expresó. El favoritismo “se nota a leguas en esto de las vacunas”.
Fred Naranjo, propietario de una aseguradora de San Francisco, miembro de la junta y director de la comisión de finanzas del St. Rose Hospital de Hayward, California, se vacunó antes de la Navidad, junto con algunos trabajadores esenciales y personal médico.
Naranjo declaró a KNTV-TV que no fue su intención adelantarse en la lista de espera. Indicó que simplemente quería ser un ejemplo para la comunidad hispana.
“Quería mostrarle a la gente que hay que vacunarse y que no hay que tener miedo”, declaró. “Que es algo seguro. Que tienen que protegerse”.
El portavoz del hospital Sam Singer aseguró que Naranjo fue el único integrante de la junta vacunado y que fue inoculado porque visita el hospital a menudo para hablar con médicos, enfermeras y pacientes.
En el Santa Clara County de California, al sudeste de San Francisco, mientras tanto, las autoridades sanitarias estaban reteniendo las vacunas de un hospital que ofreció inocular a unos 65 profesores y otro personal de una escuela de un barrio acaudalado del Silicon Valley, pasando por delante de los mayores de 65 años y del personal del campo de la salud.
El personal de Los Gatos Union School District recibió la semana pasada un email del superintendente Paul Johnson ofreciéndoles vacunarse antes de su turno. El email, divulgado primero por el portal San José Spotlight, decía que las vacunas eran un reconocimiento a sus esfuerzos para recaudar fondos para 3.500 comidas para trabajadores del sector de la salud del Good Samaritan Hospital y de otra instalación.
Se instruía a los profesores que se hiciesen pasar por personal del campo de la salud.
El CEO del Good Samaritan Joe DeSchryver dijo en un comunicado que se había suspendido la vacunación de toda persona que no trabaja en el campo de la salud o es menor de 65 años.
“Lamentamos el error que cometimos en nuestro afán por usar todas las vacunas antes de que expirasen”, declaró.
