Tegucigalpa, Francisco Morazán. Pese a las dificultades en la investigación de denuncias que trajo la declaratoria de emergencia por Covid19 en el territorio nacional, la Fiscalía Especial contra Delitos Tributarios y Conexos del Ministerio Público, logró a favor del Estado de Honduras la recuperación de Lps.3,035,374.18 gracias a las acciones emprendidas por fiscales en Tegucigalpa y San Pedro Sula y que resultaron en casos penales presentados ante jurisdicción competente.
Según el informe de resultados, a partir de dichas ejecutorias, además se logró la recaudación por concepto de multa penal, de conformidad con el artículo 392 “E” del Código Penal y en atención al artículo 167 del Código Tributario, por el orden de Lps. 681,693.05. Como se sabe, esta dependencia del MP investiga de oficio o por denuncia interpuesta los hechos constitutivos de delitos tributarios y de aquellos que se desprenden de éstos, es así que, su trabajo se coordina con otras dependencias estatales administrativas y policiales a fin de deducir las responsabilidades penales según corresponda.
Importante además es mencionar que, se produjo la reparación del daño causado al patrimonio del Estado en sede administrativa fiscal, ello también gracias a las diligencias desarrolladas por los agentes de tribunales, en este sentido, se produjo el cierre administrativo por pago voluntario de las personas naturales y jurídicas denunciadas por la supuesta comisión de delitos tributarios, produciéndose así la recuperación de Lps. 8,935,237.99 ello en apego también al artículo 167 del nuevo Código Tributario.
En el año 2020, esta fiscalía presentó 71 requerimientos fiscales, solicitó el libramiento de trece órdenes de captura, logró 53 autos de formal procesamiento, nueve casos donde se dio la suspensión condicional de la persecución penal, 37 sentencias condenatorias, siete conciliaciones judiciales y una sentencia en juicio oral y público.
Entre los tipos penales que con mayor incidencia investiga esta fiscalía especial figuran: Abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, defraudación fiscal, contrabando y uso de documentos falsos. La valoración de los resultados de las investigación deriva en la toma de decisiones, ya sea, presentando los respectivos requerimientos fiscales o produciendo el cierre administrativo definitivo de la denuncia por estimar el MP que no hay delito por perseguir.
Incoada la acción penal, pueden convenir las partes procesales la aplicación de salidas alternas al proceso penal, en ese sentido y en lo que respecta a estos hechos en particular, se produjeron en el año 2020 conciliaciones judiciales, suspensión de la persecución penal y procedimientos abreviados, salidas éstas que en todas las formas y de acuerdo a los requisitos que señala el Código Procesal Penal, implican que los denunciados aceptan haber cometido el hecho ilícito, razón por la cual deben reparar el daño causado.
