Dustin John Higgs, ejecutado en las primeras horas de la mañana de este sábado, se ha convertido en el decimotercer y último preso federal condenado a pena de muerte bajo el mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde que el Departamento de Justicia reinició esta modalidad en julio de 2019.
Higgs había sido condenado por secuestrar y ordenar los asesinatos de tres mujeres en 1996, aunque se declaró inocente hasta su muerte. “Me gustaría decir que soy un hombre inocente. Yo no ordené los asesinatos”, fueron sus últimas declaraciones, según la cadena de noticias CNN. El autor material de los disparos fue un acompañante del preso, Willis Haynes, condenado a cadena perpetua.
Las víctimas de Higgs fueron Tamika Black, de 19 años; Tanji Jackson, de 21; y Mishann Chinn, de 23.
El Tribunal Supremo de EEUU se negó a detener la ejecución, aunque algunos jueces no estuvieron de acuerdo, como Sonia Sotomayor, quien lamentó la “urgencia sin precedentes” que ha rodeado a este caso. “Después de esperar casi dos décadas para reanudar las ejecuciones federales, el Gobierno debería haber procedido con cierta moderación para asegurarse de que lo hizo de manera legal”, manifestó.
La ejecución de Higgs continuó de todas maneras a pesar de la apelación de su abogado, Shawn Nolan, quien pidió un aplazamiento porque su defendido padecía coronavirus y, en términos generales, se trataba de una sentencia injusta dado que el responsable de los disparos, Haynes, ya estaba cumpliendo cadena perpetua.
Estados Unidos reanudó las ejecuciones a nivel federal en julio del año pasado por orden del fiscal general del país, William Barr, tras una moratoria de 16 años. Antes de que Trump asumiera el cargo, solo se habían llevado a cabo tres ejecuciones federales en este período.
Barr argumentó que las ejecuciones federales están contempladas por el Congreso y las últimas van dirigidas contra “los responsables del asesinato, y en ocasiones, la tortura y violación, de los más vulnerables de la sociedad, niños y ancianos”.
Las palabras de Barr supusieron el anuncio oficial del fin de una moratoria informal sobre la pena de muerte desde la ejecución en 2003 de Louis Jones. No obstante, la pena capital ha seguido aplicándose en cada uno de los 29 estados en los que está contemplada.
Recientemente, Estados Unidos llevó a cabo la primera ejecución federal de una mujer en casi 70 años. Se trata de Lisa Montgomery, de 52 años,condenada en 2007 por haber estrangulado en 2004 a una mujer de 23 años que estaba embarazada de ocho meses para llevarse a su bebé, que luego fue recuperado sano y salvo por las autoridades.
La abogada de Montgomery, Kelley Henry, quien durante mucho tiempo sostuvo que su defendida sufrió daños cerebrales por golpes recibidos cuando era niña, además de psicosis y otras afecciones mentales, había definido la decisión de ejecutarla como una “injusticia”.
“En las garras de su enfermedad mental, Lisa cometió un crimen terrible”, dijo Henry, una defensora pública de Nashville, Tennessee, en un comunicado. “Sin embargo, inmediatamente expresó un profundo remordimiento y estaba dispuesta a declararse culpable a cambio de una cadena perpetua sin posibilidad de liberación”, añadió.
“Lisa Montgomery ha aceptado durante mucho tiempo toda la responsabilidad por su crimen y nunca saldrá de la cárcel. Pero su grave enfermedad mental y los efectos devastadores de su trauma infantil hacen que ejecutarla sea una profunda injusticia”, afirmó.
La bebé secuestrada, Victoria Jo, quien ahora tiene 16 años, fue criada por su padre.
Un portavoz del presidente electo, Joe Biden, declaró a la agencia de noticias AP que el demócrata “se opone a la pena de muerte ahora y en el futuro” y que procurará poner fin a su aplicación. Sin embargo, sus representantes no dijeron si habría una pausa en las ejecuciones de inmediato cuando él asuma la Casa Blanca.
