El Consejo Superior de Deportes insta a las federaciones a cumplir con las obligaciones de la Ley de 2020 e implementar los nuevos protocolos para prevenir delitos y garantizar el amparo a las víctimas.
El último caso (conocido) de abusos sexuales a menores en el deporte se cerró a finales de noviembre con una condena de 15 años y medio de prisión para Carlos Franch, exentrenador de un club de gimnasia artística de Betxí, un pueblo de 5.700 habitantes en la provincia de Castellón.
Franch se aprovechó de su relación de superioridad derivada de su condición de entrenador para abusar de gimnastas menores de dos generaciones diferentes a lo largo de más de 20 años. Las denuncias realizadas en 2017 fueron 12, pero sólo en tres casos los delitos no habían prescrito. Ni la federación de gimnasia valenciana ni la española (RFEG) abrieron una investigación interna cuando las menores denunciaron a Franch a la Guardia Civil.
Estaban obligados a hacerlo por los protocolos para la prevención, detección y actuación frente al acoso y abuso sexual que el Consejo Superior de Deportes (CSD) adoptó en 2013 y que ha actualizado a finales de 2020 para adaptarlos a la nueva Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada el 9 de junio por el Gobierno para su tramitación parlamentaria.
Ese nuevo protocolo se está aplicando ahora mismo en el CSD en el procedimiento abierto para investigar las denuncias de dos gimnastas de rítmica del Centro de Alto Rendimiento de León por insultos y trato vejatorio.
La llamada Ley Rhodes, en reconocimiento al pianista y activista británico James Rhodes, víctima de abusos en su infancia, endurece las penas, modifica los plazos de prescripción de los delitos —que se empieza a aplicar cuando la víctima cumple 30 años y no 18 como antes, para facilitar la denuncia que suele hacerse en edad adulta— y apuntala un marco legislativo apenas sostenido por el Convenio de Lanzarote, firmado por los 47 Estados miembros del Consejo de Europa y en vigor desde julio de 2010.
Más allá de ese texto, la actuación de las organizaciones españolas hasta 2019 frente al acoso y el abuso sexual a menores en la actividad deportiva se limitaba a campañas de concienciación, sin seguimiento, ni legislación para proteger a los niños de manera efectiva. Una lacra mundial cuya gestión queda casi siempre en manos del coraje de los propios supervivientes.
Ahora el CSD y las Federaciones afrontan el reto de implementar de manera efectiva los protocolos y las medidas que garanticen el amparo. También, según dicta la nueva ley, tendrán que hacerlo todas aquellas entidades que realizan actividades deportivas con menores de forma habitual. El reto es erradicar la violencia, el abuso y el acoso desde la iniciación (clubes, escuelas municipales) hasta la alta competición.CORTESÍAELPAÍS
