El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado a la corporación multinacional de tiendas Walmart por contribuir a la crisis de los opioides, alegando que la empresa dispensó ilegalmente sustancias controladas a través de sus farmacias, informa AP.
La demanda sostiene que esta conducta ilegal se tradujo en cientos de miles de violaciones de la Ley de Sustancias Controladas, lo que podría derivar en sanciones civiles de miles millones de dólares, según el Departamento de Justicia. Si Walmart es declarado responsable de violar la Ley de Sustancias Controladas, podría afrontar sanciones civiles de hasta 67.627 dólares por cada receta ilegal y 15.691 dólares por cada orden sospechosa no reportada.
“Ha sido una prioridad de esta Administración hacer rendir cuentas a los responsables de la crisis de los opioides recetados. Como una de las mayores cadenas de farmacias y distribuidores mayoristas de medicamentos en el país, Walmart tenía la responsabilidad y los medios para ayudar a prevenir la desviación de opioides recetados”, declaró Jeffrey Bossert Clark, jefe interino de la división civil del Departamento de Justicia, a través de un comunicado difundido este martes.
“En cambio, durante años hizo lo contrario, surtió miles de recetas no válidas en sus farmacias y no reportó órdenes sospechosas de opioides ni de otros medicamentos distribuidos por esas farmacias. Esta conducta ilegal contribuyó a la epidemia de abuso de opioides en todo EE.UU. La demanda de hoy representa un paso importante en el esfuerzo por responsabilizar a Walmart por esta conducta”, añadió Bossert Clark.
La acción del Departamento de Justicia se concreta casi dos meses después de que Walmart presentara su propia demanda preventiva contra el Departamento, el Fiscal General de EE.UU. William Barr y la Administración de Control de Drogas.
Walmart sostiene que, si bien la investigación del Departamento de Justicia, lanzada en 2016, había identificado a cientos de médicos que escribieron recetas problemáticas que los farmacéuticos de la multinacional no deberían haber rellenado; casi el 70 % de estos médicos aún tienen registros activos con la Administración de Control de Drogas.
La compañía pretende que un juez federal declare que la demanda gubernamental no tiene base para solicitar daños civiles.
