España se suma desde hoy al grupo de países que acepta, facilita y regula la eutanasia, en definitiva, el derecho de una persona, en condiciones extremas tasadas, a solicitar ayuda para poner fin a su vida. El Congreso de los Diputados ha aprobado por 198 votos a favor, frente a 138 en contra y 2 abstenciones la proposición de ley orgánica impulsada por el PSOE que establece las exigencias, garantías y condiciones necesarias para pedir y recibir asistencia para morir.
La norma debe ahora únicamente superar el trámite del Senado, que no planteará dificultades, y entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE, aproximadamente en el mes de abril. “Hoy se impone el sentido común y la humanidad”, ha afirmado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Se trata de una propuesta presentada por primera vez en 2017 por Unidas Podemos y, posteriormente, en mayo de 2018, por el PSOE. Esta última es la que, tras quedar paralizada por las sucesivas interrupciones de legislatura acontecidas en los dos últimos dos años, hoy recibe la luz verde del Congreso con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias a excepción de PP, Vox y UPN.
El PP, un partido que ha votado en contra de la ley, ha lamentado que al tratarse de una proposición de ley no se hayan recabado los informes preceptivos de los órganos constitucionales y se haya sorteado la consulta pública.
José Ignacio Echániz, en nombre de los populares, ha mantenido que el texto es “inconstitucional, inoportuno, frívolo, chapucero e injusto” y actúa “contra los más vulnerables y desvalidos”. El PP defiende que hay una “alternativa” a la eutanasia y que pasa por una ley de derechos y garantías ante el proceso final de la vida que incluya la sedación, la universalización de los tratamientos paliativos y el testamento mínimo vital para asegurar que no haya muerte con sufrimiento. Esta ley es, en opinión del PP, “una derrota para todos”.
La misma posición ha sido mantenida por UPN quien ha llamado la atención sobre la diferencia de coste que existe entre los cuidados paliativos y la eutanasia. Esta última práctica, ha recalcado UPN, “es gratis”. “Ustedes prefieren empujar al que quiere tirarse al vacío antes que proporcionarle la ayuda necesaria para evitarlo”, ha afirmado su portavoz Carlos García Adanero, suscitando las protestas airadas de media Cámara.
También en contra, Vox ha tachado la norma de “ilegítima” porque en su opinión implica la “firma de sentencias de muerte”, en definitiva, dar vía libre a que “el Estado mate”. Vox ha dado por hecho que, a partir de ahora, sólo podrán acceder a los cuidados paliativos quienes tengan medios para pagarlos. El resto, ha asegurado su portavoz Lourdes Méndez, se verán “coaccionados a morir”. Esta ley es “criminal”, “repugna a la razón” e “instaura la industria de la muerte”. Vox, ha dicho, recurrirá “esta barbarie” ante el Tribunal Constitucional.
El PSOE, por boca de María Luisa Carcedo, ex ministra de Sanidad e impulsora decisiva de la norma, ha defendido la ley porque “piensa en la condición humana, que es vida, pero también padecimiento y muerte”.”La eutanasia”, ha defendido, “es un instrumento del que disponemos para ponerlo al servicio de un proyecto humanizador. Es un derecho que nos hace libres”. Carcedo ha acusado a la derecha de “enzarzarse en batallas apocalípticas cada vez que se pretende avanzar en derechos” y ha insistido en las “garantías” que ofrece la ley.
“Nadie pierde hoy, pero ganan quienes realmente necesitan esta libertad para decidir morir dignamente”, ha defendido desde la tribuna de oradores el portavoz de Más País, Íñigo Errejón. “Ensanchamos derechos y ponemos límites al dolor y al sufrimiento”, ha afirmado el representante de JxCat, Sergi Miquel, quien ha reprochado a PP y Vox, los dos grupos que han votado en contra, que pretendan imponer “su moral y su fe”.
El PNV, también a favor de la nueva ley, ha apostado por “ayudar al buen morir” y el derecho de la persona a “gestionar el propio cuerpo” y a la “dignidad”. “Tenemos la obligación de legislar”, ha dicho su portavoz, “más allá de los convencimientos éticos de cada uno”. Los nacionalistas vascos han puesto de manifiesto que la despenalización de la eutanasia no supone en ningún caso prescindir del derecho a recibir cuidados paliativos.
ERC ha insistido en que las personas son “dueñas de sus vidas y también de su muerte” y ha hecho hincapié en el aspecto penal, que ahora desaparece, para quien ayuda a poner fin a la vida de quien padece sufrimientos insoportables sin solución. ERC no obstante, ha pedido mediante enmienda que se incluya una regulación específica para los menores de edad. “Es falso que esto sea una ley de muerte, es una ley de vida”, ha afirmado la diputada Pilar Vallugera.
Bildu ha calificado el derecho a decidir la propia muerte como una auténtica “exigencia social” y ha llamado a hacer frente a las “duras resistencias” que se opondrán al ejercicio del “suicidio asistido”.
Inés Arrimadas, en nombre de Ciudadanos, ha asegurado que esta ley es un “avance para las libertades”. “No se trata de imponer creencias sino de respetar las del otro”, ha afirmado insistiendo en que la ley no supone la pérdida de derechos para nadie y, además, cuenta con el respaldo del 80% de los españoles. Arrimadas ha recordado todas las garantías que ofrece la norma y ha pedido a los grupos que la rechazan que “no hagan una caricatura” de la ley. Cs es un partido que ha propuesto, además, una ley de Cuidados Paliativos como derecho “complementario” al de eutanasia.
Unidas Podemos ha preferido señalar a PP y Vox dando por hecho que acudirían “con dinero” adonde fuera necesario para dar una muerte digna a los suyos. Para ellos, ha dicho la diputada Rosa María Medel, “la línea infranqueable es el dinero” y “no pueden admitir que los pobres tengan un derecho que no podrían pagar”. Medel ha suscitado con estas acusaciones las protestas airadas de la derecha.
La ley aprobada trata de compaginar el derecho constitucional a la vida con los derechos, también constitucionales, a la integridad física y moral; a la dignidad humana; al valor superior de la libertad; a la intimidad y a la libertad ideológica y de conciencia.
El texto aprobado establece como condiciones imprescindibles para recibir ayuda para morir que la persona afectada lo solicite dos veces con una diferencia al menos de 15 días y hacerlo voluntariamente, con plena autonomía y tras haber sido informada detalladamente y por escrito de su situación médica, del proceso que seguirá la misma y de las alternativas paliativas si las hubiere.
El solicitante debe sufrir una enfermedad grave e incurable que provoque sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable o padecer una dolencia crónica e invalidante que incida directamente sobre su autonomía física, de expresión y relación con seguridad de que dichas limitaciones no tienen posibilidad de curación o mejoría.
En el caso de personas absolutamente incapacitadas, sin consciencia, será imprescindible que exista un documento de instrucciones previas, un testamento vital, suscrito por ella misma cuando se encontraba en condiciones de hacerlo y en el que expresamente afirme su decisión de acceder a la práctica eutanásica.
Todo el proceso debe ser supervisado, informado, certificado y asistido por un médico responsable que deberá además recabar opinión de otro médico consultor. Todos los informes y la decisión correspondiente al caso se elevarán a la Comisión de Evaluación y Control que deberá conformarse en cada Comunidad Autónoma. Todos estos trámites pueden conllevar aproximadamente dos semanas.
Una vez exista resolución favorable a la solicitud del afectado, la prestación de la ayuda a morir podrá llevarse a cabo tanto en el centro hospitalario público o privado como en el domicilio particular del paciente y siempre en presencia de equipo médico. La ley también contempla el derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario.
