La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia ha aprobado el informe final de la comisión especial que investigó las masacres de Senkata, Sacaba y Yapacaní, ocurridas en octubre de 2019, en el que se recomienda un juicio de responsabilidades contra la presidenta de facto Jeanine Áñez y un juicio ordinario contra sus ministros.
El documento recomienda un juicio de responsabilidades a Áñez “por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas”, recoge la Asamblea Legislativa.
Asimismo, recomienda procesos penales contra 11 ministros y exministros de Áñez por “vulneración de derechos y garantías constitucionales”, que derivó “en la muerte de 26 personas y un centenar de heridos y detenidos en represiones policiales y militares, tras las elecciones generales del 2019”, reza el comunicado.
El diputado Víctor Borda enfatizó que la Comisión que investigó los casos y que él mismo preside “no puede adoptar el rol del Ministerio Público”, limitándose a “sugerir”. “Y lo que está sugiriendo es que se haga un juicio de responsabilidades contra la presidenta transitoria, contra el Ministro de Gobierno, y de las Fuerzas Armadas y algunos comandantes policiales y militares que intervinieron en esta masacre. Eso es lo que ha sido aprobado por la Asamblea”, detalló Borda.
Gobierno de facto denuncia “acciones arbitrarias” del partido de Morales
Por su parte, la Cancillería de facto de Bolivia envió este jueves una carta a la ONU para denunciar supuestas “acciones ilegales y arbitrarias” por parte del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa, que, según el Ejecutivo impuesto tras el golpe de Estado contra Evo Morales, ponen en riesgo la “institucionalidad democrática” antes de la asunción del presidente electo, Luis Arce.
La ministra de Relaciones Exteriores de facto, Karen Longaric, también solicitó a la ONU el envío de observadores internacionales para que supervisen el proceso de transición, que se desarrollará el próximo 8 de noviembre.
