La chavista Asamblea Constituyente que erigió el régimen para quitarle poder a la Asamblea Nacional liderada por la oposición aprobó días atrás una polémica ley que otorga a Nicolás Maduro poderes extraordinarios para tomar decisiones en materia económica, alegando que será un instrumento para “contrarrestar” sanciones encabezadas por Estados Unidos.
La “Ley Antibloqueo”, presentada por Maduro, incluso le otorga potestad para “inaplicar” normas legales “cuya aplicación resulte imposible o contraproducente” debido a los efectos de las restricciones financieras que enfrenta el país caribeño, según su articulado.
La nueva ley, además, declara “secretos y reservados” todos los actos derivados de su aplicación, por lo que el régimen de Maduro no estaría obligado a someterse a controles. No fija mecanismos para rendición de cuentas previas, indicando que solo la Contraloría podrá tener acceso posterior a información si lo solicita.
Establece “un marco normativo especial y temporal que provea al poder público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir” los “efectos” de las sanciones, dijo al leer el proyecto aprobado este jueves el dirigente chavista Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, órgano que la oposición considera “ilegal”, pero que en la práctica tomó las atribuciones del Parlamento de mayoría opositora.
La legislación dicta, entre otras cosas, que activos expropiados por el gobierno socialista “podrán ser objeto de alianzas” con privados. Así, la dictadura “podrá modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración y funcionamiento de empresas del Estado, públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior”.
La chavista Asamblea Constituyente que erigió el régimen para quitarle poder a la Asamblea Nacional liderada por la oposición aprobó días atrás una polémica ley que otorga a Nicolás Maduro poderes extraordinarios para tomar decisiones en materia económica, alegando que será un instrumento para “contrarrestar” sanciones encabezadas por Estados Unidos.
La “Ley Antibloqueo”, presentada por Maduro, incluso le otorga potestad para “inaplicar” normas legales “cuya aplicación resulte imposible o contraproducente” debido a los efectos de las restricciones financieras que enfrenta el país caribeño, según su articulado.
La nueva ley, además, declara “secretos y reservados” todos los actos derivados de su aplicación, por lo que el régimen de Maduro no estaría obligado a someterse a controles. No fija mecanismos para rendición de cuentas previas, indicando que solo la Contraloría podrá tener acceso posterior a información si lo solicita.
Establece “un marco normativo especial y temporal que provea al poder público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir” los “efectos” de las sanciones, dijo al leer el proyecto aprobado este jueves el dirigente chavista Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, órgano que la oposición considera “ilegal”, pero que en la práctica tomó las atribuciones del Parlamento de mayoría opositora.
La legislación dicta, entre otras cosas, que activos expropiados por el gobierno socialista “podrán ser objeto de alianzas” con privados. Así, la dictadura “podrá modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración y funcionamiento de empresas del Estado, públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior”.
“Vamos a hacer crujir los grupos y sectores que entorpecen el desarrollo nacional”, celebró en Twitter Maduro tras la aprobación.
El líder opositor Juan Guaidó rechazó la norma, la consideró ilegal y señaló que con ella Maduro, solo busca “saquear” las riquezas del país petrolero.
“Una operación del dictador para seguir saqueando al país y raspar la olla, dictada por un ente fraudulento como la Constituyente, no puede llamarse ley”, expresó Guaidó en Twitter, tras recordar que la ANC, integrada solo por oficialistas, es un cuerpo no reconocido por varios países.
El opositor recordó que las leyes en Venezuela “solo pueden ser aprobadas” por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el cuerpo que él preside desde enero de 2019 y que sí goza de reconocimiento internacional.
“Con ese instrumento ilegal (la ley antibloqueo), el dictador pretende ganar control, sabiéndose cada vez más solo y débil, tratando de ofrecer garantías y prebendas a sus cómplices”, prosiguió Guaidó, que calificó a Maduro, además de dictador, de “narcotraficante y violador de derechos humanos”.
“Nadie hará negocios (con él) y menos invertirá (en Venezuela bajo su Gobierno). Alertamos a los inversionistas a no involucrarse en estas operaciones marcadas por el crimen y la ilegalidad”, añadió.
