Es un tema del que no se habla demasiado, pero que está presente, aunque sea de manera silenciosa, en numerosas sociedades del mundo. Se trata de las pruebas de virginidad, un examen ginecológico en el que supuestamente se determina si una mujer o niña ha mantenido relaciones sexuales.
Tal y como revela la Organización Mundial de la Salud, es una violación de los derechos humanos a la que ahora Francia ha decidido poner freno. Está por ver si otros países siguen el mismo camino.
En 2018, esta organización de Naciones Unidas hizo un llamamiento a los Gobiernos de todo el mundo para que prohibieran esta práctica, que actualmente se lleva a cabo en más de 20 países, entre los que se incluyen Brasil, Egipto, Marruecos, Sudáfrica, India, Indonesia o Reino Unido. Sin embargo, debido a la globalización hay otra serie de naciones en las que este procedimiento está aflorando como por ejemplo, Bélgica, Canadá, Suecia o España.
Estos test consisten en la inspección del himen de la mujer para determinar si se ha desgarrado, aunque también en ocasiones se insertan los dedos en la vagina. Dos métodos que buscan probar si se ha producido penetración vaginal. Más allá de que esta práctica no tiene ningún tipo de validez científica, es además dolorosa y traumática para las personas que la sufren.
Se suele hacer, normalmente de forma clandestina, como una prueba para determinar si una mujer es “elegible” para casarse. Pero también llega a ser utilizada como un requisito que los empleadores exigen para contratar a una mujer e incluso para determinar que una víctima de violación realmente sufrió esa agresión sexual.
Dos años después de que la OMS pidiera a los Ejecutivos medidas, Francia ha recogido el guante y ha decidido penalizar este tipo de prácticas. La idea es castigar con penas de cárcel y multas a los médicos que proporcionen estos controvertidos certificados de virginidad, tal y como recoge la BBC.
El proyecto de ley, que aún debe ser debatido por los políticos franceses, propone un año de cárcel y una multa de 15.000 euros para cualquier personal sanitario que otorgue este tipo de documentos. Según revela el canal de televisión France 3, alrededor de un 30% de los doctores del país confiesa que se les ha pedido en alguna ocasión este certificado, aunque la mayoría se ha negado a entregarlo.
La medida es un paso adelante para combatir estas prácticas, pero deja de momento fuera algunos asuntos importantes. La ginecóloga Ghada Hatem revela en France Inter que en Francia esta situación no afecta a miles de mujeres, sino a unas pocas, la mayoría de ellas niñas del Magreb o del noroeste de África.
Muchas de ellas se enfrentan a la violencia física de sus familiares o al deshonor familiar, por lo que el no obtener ese certificado las puede poner en peligro. Castigar a los médicos por esta práctica, pero no perseguir estas situaciones supone un riesgo para la integridad de las víctimas.
Por eso, Marlène Schiappa, ministra delegada para la Ciudadanía, plantea que en el proyecto de ley se debe incluir un castigo para aquellos que exijan el certificado, tales como padres o novios.
Una situación que también tiene en cuenta ANCIC, asociación que brinda asesoramiento sobre el aborto y la anticoncepción, que ha advertido del peligro real al que se enfrentan las mujeres.
“Una prohibición simplemente negaría la existencia de tales prácticas comunitarias, sin hacerlas desaparecer”, han recordado.
En su llamamiento a perseguir los test de virginidad, la OMS también hizo hincapié en que los Gobiernos deben lanzar campañas para romper los mitos asociados a la virginidad y otras tradiciones que intentan controlar la sexualidad y el cuerpo de niñas y mujeres. Una tarea que deberán incorporar las autoridades francesas.
¿Qué pasa en España?
Ahora está por ver si hay otros países que penalizan estos test como ha hecho Francia. Por ejemplo, en España hasta ahora eran unos métodos que no ocurrían, salvo casos muy concretos (violencia sexual), pero tal y como cuenta la OMS es una de las naciones en las que este procedimiento está emergiendo para otras prácticas, por lo que quizás se empiecen a tomar medidas a imagen y semejanza del vecino galo.
Tal y como revela El Mundo, en España existen las exploraciones médicas visuales, sin necesidad de aparatología. Solo ginecólogos y médicos forenses pueden realizarla por cuestiones legales, para certificar una agresión sexual. Casos en los que además se toman muestras vaginales, restos de semen, vello púbico… El procedimiento debe realizarse en el momento más cercano a la violación y suele tardar aproximadamente una hora. Cuando la paciente llega al hospital, se llama a los juzgados y junto a forenses se realiza la prueba.
Para el experto solo es posible determinar que una mujer nunca ha mantenido relaciones sexuales por vía vaginal si se aprecia el himen íntegro. Sin embargo, si está dañado puede haberse producido por el uso de tampones o por la actividad deportiva y no se podría afirmar con rotundidad que una mujer haya mantenido relaciones sexuales, por lo que no es una prueba fiable ni mucho menos.
Cabe recordar que la OMS denuncia que en algunos de los países en los que se realizan los test de virginidad esta prueba es determinante para saber si la mujer ha sido violada o no.
El caso de Marruecos
Marruecos es uno de los países en los que más test de virginidad se realizan, ya que es frecuente que se usen cada vez que hay una violación o antes de una boda. La expedición de un certificado de tales características puede costar el precio de una consulta, lo que se traduce entre 10 y 30 euros.
Pese a las presiones internacionales que ha habido sobre las autoridades para que persigan esta práctica, lo cierto es que el Gobierno se defiende con que el procedimiento “no responde a ninguna obligación legal”, ya que estas pruebas no son obligatorias en el país.
Sin embargo, tal y como recoge EFE, se trata de una verdad a medias porque en el artículo 488 del Código Penal se establece que la pérdida de la virginidad será circunstancia agravante en los casos de violación.
