«El mundo ha consentido la esclavitud en más de 60 países con las misiones de internacionalización de Cuba. No se puede cambiar salud por esclavitud.
El mundo debe reaccionar». Así de contundente se muestra Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid, cuando se refiere a la violación de los derechos humanos que sufren los médicos y los profesionales -deportistas, profesores, ingenieros…- que forman parte de las mencionadas misiones creadas por el Gobierno de Cuba en la década de los años 60 del siglo pasado, y que siguen operando en numerosos Estados.
Unas misiones que en los últimos meses se han hecho mundialmente famosas debido al envío, por parte del Gobierno cubano, de brigadas de médicos a países cuyos sistemas sanitarios se han visto superados por la pandemia del Covid-19. Fotos de decenas de médicos, rodeando la imagen de Fidel Castro, fundador de las misiones y también de las brigadas «Henry Reeve», han llenado las páginas del Granma, periódico oficialista de la isla, y los espacios de la televisión estatal; pero también se han hecho eco de ellas medios internacionales que han creído ver en estas brigadas un gesto altruista y de solidaridad del régimen cubano.
Algo que, según informes y denuncias de numerosos organismos internacionales defensores de derechos humanos -Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la ONU, Prisoners Defenders-, está muy lejos de ser así.
El año pasado Prisoners Defenders ya denunció ante la ONU y ante la Corte Penal Internacional los abusos del Gobierno cubano hacia estos colectivos profesionales, que viven bajo un régimen de esclavitud.
Meses después, la ONU, tras analizar las pruebas y testimonios presentados, calificaba las actividades de estos profesionales médicos como «trabajos forzosos» al servicio del régimen cubano.
En aquella denuncia se recogían abusos como el reclutamiento casi forzoso de los médicos (un 70% de los testimonios recogidos entonces así lo afirmaba, y los de ahora se ratifican en ello), que no podían rechazar por miedo a las represalias; el control dictatorial de su vida en los países a los que iban a trabajar (retirada del pasaporte, sin contrato o sin tener una copia de él en caso de realizarse, horarios extenuantes, prohibición de relaciones personales con ciudadanos del país anfitrión, obligación de acudir a reuniones del partido comunista y de proselitismo del castrismo en su entorno); la obligación de manipular los datos para mejorar las estadísticas de la atención a pacientes y el uso de medicamentos muy costosos, la prohibición de dejar las misiones, castigado por ley con 8 años de exilio, sin posibilidad de ver a sus familias y de ejercer su profesión…; así como la retención, por parte del Gobierno cubano, de entre el 75 y el 90% de los salarios pagados por las países anfitriones a los médicos.cortesíaabc
