El Congreso peruano abrió este viernes el debate final para destituir al presidente Martín Vizcarra acusado de “incapacidad moral permanente” por sus aparentes intentos de ocultar un caso menor de corrupción, trámite que en principio no cuenta con los votos necesarios para expulsar del poder al mandatario.
Pese a que en un primer momento se informó que Vizcarra no acudiría a la Cámara, finalmente el presidente se presentó en el hemiciclo apenas minutos antes del inicio de la sesión.
Vizcarra no estaba obligado legalmente a participar en el juicio político y había dado señales de que no pensaba acudir a la Cámara tras asegurar ayer jueves que el país no debería distraerse en “discusiones estériles” y “cosas secundarias”.
Sin embargo, y pese a que incluso despidió a su abogado Roberto Pereira en la puerta del Palacio de Gobierno cuando este se salió rumbo al Congreso, Vizcarra apareció en el último momento, sin corbata ni banda presidencial para “dar una señal a la población” de que lo más importante “es venir y dar la cara”.
“No me corro. No lo he hecho antes y no lo voy a hacer ahora”, anunció Vizcarra al inicio de la sesión. “La señora Karem Roca, en unos de los audios, manifestó que la Marina hacía ‘chuponeo’ a lo congresistas y acá está la carta notarial que ella misma envía desmintiendo esa versión”, subrayó el jefe de Estado, mientras mostró la misiva antes de retirarse y darle lugar a su abogado defensor.
NO HAY VOTOS
No se sabe cuánto se prolongará la sesión, en la que la opción de destituir al mandatario no parece que pueda prosperar.
Cálculos provisionales basados en las expresiones públicas de los partidos políticos parlamentarios y sus líderes apuntan a que tan solo uno de los nueve grupos en la Cámara, Unión por el Perú, apoya la destitución abiertamente.
Ese grupo tiene tan solo 13 votos, y para que Vizcarra sea destituido son necesarios 87 votos afirmativos.
Alianza para el Progreso (APP), que votó a favor de abrir el juicio político, confirmó por boca de sus líderes y portavoces que no apoya ahora la destitución, del mismo modo que Somos Perú, Fuerza Popular (el partido fujimorista), y el Partido Morado.
Acción Popular y Podemos Perú, que también fueron entusiastas impulsores de la vacancia, ahora no parecen dispuestos a votar en bloque a favor, mientras que el partido evangélico Frepap y el izquierdista Frente Amplio no han señalado su voto pero no se espera que secunden la medida.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El juicio político a Vizcarra recibió el jueves el visto bueno del Tribunal Constitucional, que rechazó suspender el proceso mientras el alto tribunal se expide sobre si el Congreso tiene potestad para usar el argumento de “incapacidad moral” para destituir al mandatario.
Ese fue un pedido del Ejecutivo, que considera abusivo el uso del concepto “incapacidad moral”, recogido en la Constitución pero cuya interpretación es tan amplia que permite cualquier pretexto por parte del Congreso para destituir a un presidente.
El TC argumentó su rechazo a suspender el pleno debido a que la “urgencia” por posponer la sesión se ha “diluido” precisamente porque varias bancadas parlamentarias anunciaron que no apoyarían la medida.
Sin embargo, varios diputados aliados de Vizcarra y miembros del Gobierno expresaron sus dudas sobre esta posición, ya que hasta que se vote finalmente no se sabrá como resulta el proceso, subrayando que la situación podría cambiar en cualquier momento.
“Al margen del pronunciamiento por parte de los líderes políticos, hasta que los congresistas votan, no podemos tener certeza de su postura, sobre lo que realmente opinan sobre la vacancia. Escuché a algunos parlamentarios decir que aún no definen su voto, a pesar de que sus bancadas han señalado expresamente que no”, dijo la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra en declaraciones al diario El Comercio.
EL CASO SWING
Esta dramática situación política arrancó el pasado jueves 10 cuando se difundieron unas grabaciones secretas de Vizcarra aparentemente coordinando con sus más estrechas colaboradoras cómo ocultar sus lazos con el cantante Richard “Swing”, un controvertido personaje a quien el presidente conocía desde la campaña electoral de 2016.
Swing es investigado por sus múltiples contratos irregulares en el Ministerio de Cultura para temas de consultoría poco justificables desde que Vizcarra asumió la Presidencia en 2018.
El Congreso, dominado por una oposición que se resiste a reformas políticas y electorales planteadas por Vizcarra, entre otros temas de combate a la corrupción, encontró en ese escándalo la oportunidad para tentar la destitución presidencial.
No obstante, Vizcarra ha desnudado que el titular del Congreso, Manuel Merino, principal impulsor de la vacancia, tocó las puertas de las fuerzas armadas e intentó conformar un gobierno “en la sombra” antes de que iniciara el proceso de destitución.
Esas acciones de Merino sembraron dudas en todo el proceso y le restaron apoyos, así como el hecho de que las grabaciones procedieran con casi total seguridad de la secretaria de Vizcarra, Karem Roca, que actuó por motivos muy poco claros, en lo que el mandatario calificó como “traición”.
