El Gobierno de España presentó recientemente el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, una iniciativa en el marco del proyecto España Digital 2020-2025. Dentro de las diferentes novedades se destaca la propuesta de que los servicios de mensajería instantánea, como WhatsApp, Messenger o Telegram, entre otros que superen el millón de euros de ingresos en España deberán abonar una tasa del 1 por mil de su facturación. A su vez deberán inscribirse en el Registro de Operadores y hacer una declaración de ingresos anuales.
Este nuevo impuesto que se busca imponer se conoce como “tasa WhatsApp” y tiene como objetivo regular la actividad de los gigantes informáticos así como equiparar las condiciones con las funcionan las empresas de telefonía.
En definitiva se busca que estos servicios pasen a ser consideradores operadores lo cual supone que tengan que pagar el gravamen mencionado anteriormente, que es lo que está estipulado en la Ley 9/2014. Los fondos recaudados estará destinada a solventar los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución, por la aplicación del régimen jurídico, según se menciona en esa norma.
Cabe señalar que por ahora solo se trata de una iniciativa y que para que se comience a aplicar tienen que darse varios pasos. Por lo pronto, hasta el 13 de octubre se podrán realizar aportes a este anteproyecto en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Una vez finalizada esta etapa, tendrá tratamiento parlamentario a principios del año próximo y de ser aprobada se espera que entre en vigencia a partir del tercer trimestre de 2021.
Este gravamen, de ser aprobado, va en línea a la llamada “tasa Google” que anunció el gobierno de Pedro Sánchez y por medio del cual se busca que las empresas tecnológicas con ingresos anuales mundiales que superen los 750 millones y cuyos ingresos en España sean superiores a los 3 millones tributen el 3% a los servicios de publicidad, intermediación y a la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el propio usuario durante su actividad. Por ese impuesto el Ejecutivo busca recaudar unos 800 millones de euros.
