El Gobierno de España ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que prohibirá definitivamente la existencia de organismos que enaltezcan el régimen franquista, anulará multitud de sentencias dictadas bajo el mandato del dictador Francisco Franco (1939-1975) e impulsará los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas de la represión fascista durante la Guerra Civil y la dictadura.
La nueva norma ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros y pone en marcha varios mecanismos legales que suponen un cambio profundo de la política de Estado respecto al pasado dictatorial del país.
Ilegalización del enaltecimiento a regímenes totalitarios
Uno de los avances más significativos en ese aspecto es la prohibición de organizaciones que enaltezcan regímenes totalitarios o figuras dictatoriales, lo que repercute directamente en la existencia de la Fundación Francisco Franco, entre cuyos objetivos está “difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política”, y cuya ilegalización ya fue solicitada por el Parlamento Europeo hace dos años.
La reacción de esta asociación ha sido prácticamente inmediata este mismo martes: ante la amenaza directa a sus estatutos que representa la nueva reforma legislativa acometida desde Moncloa, su presidente, Juan Chicharro Ortega, ha asegurado que la fundación podría mudarse al extranjero para continuar con su actividad. “Si es preciso, nos vamos a un país libre”, dijo exactamente Chicharro durante una intervención en la emisora esRadio.
Anulación de sentencias de la dictadura
Entre los puntos más destacados de la recién aprobada modificación se encuentra también la próxima anulación de todas las condenas y sanciones aplicadas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil o la dictadura de Francisco Franco.
Aunque muchas de estas anulaciones tendrán un carácter predominantemente simbólico, como en el caso de las ejecuciones o de las penas de cárcel sufridas por personas que ya han muerto, en otros muchos casos podrían reabrir procesos judiciales y tener impacto en la actualidad, al tratarse de sentencias de tipo mercantil o en el ámbito de la propiedad.
La reparación de las víctimas como prioridad histórica
Otro de los principales objetivos de esta reforma legislativa es la de acometer –y dotar económicamente– los trabajos necesarios para erradicar las fosas comunes que existen a lo largo de toda la geografía española, que contienen los restos de más de 130.000 víctimas (según datos de las asociaciones de Memoria Histórica) y que convierten a España en el segundo país del mundo con más víctimas sin recuperar en este tipo de enterramientos.
En el capítulo de la dotación presupuestaria, destaca la inclusión este lunes en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) de la convocatoria de las ayudas económicas para la recuperación de restos de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. La partida presupuestaria asciende en este apartado a 750.000 euros, de la que el 60 %, 450.000 euros, se destinará a la investigación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas en fosas.
Entre esas actividades se prevé la creación de un banco de ADN de las víctimas, que permita la identificación de los restos recuperados y facilite el encuentro de familiares desaparecidos.
El texto aprobado este martes supone en líneas generales y en aspectos concretos un importante avance respecto a la Ley de Memoria Histórica que aprobó en el año 2007 el Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
El endurecimiento del aspecto penal de la norma es también parte de ese avance. El nuevo texto prevé un régimen sancionador con multas de hasta 100.000 euros para las personas y administraciones que vulneren esta ley.
