La Policía de Hong Kong anunció hoy la prohibición, por primera vez en los últimos 17 años, de la manifestación prodemocrática anual del 1 de julio, fecha que conmemora la retrocesión del territorio de la soberanía británica a la china en 1997.
En una carta remitida al grupo prodemocrático Frente Civil de Derechos Humanos (CHRF, en sus siglas en inglés, convocante de la marcha), el cuerpo alega episodios violentos acontecidos en el pasado reciente en este tipo de protestas, al tiempo que considera que violaría la normativa de seguridad para contener la pandemia de coronavirus.
“Debido a la persistente agitación social -explica la misiva, publicada por el CHRF en su página de la red social Facebook-, la Policía de Hong Kong ha estudiado los riesgos y cree que algunos participantes de esta asamblea y marcha pública podrían salirse de la ubicación y ruta propuestas y vandalizar violentamente edificios”.
Aunque las manifestaciones convocadas por el CHRF han sido mayoritariamente pacíficas, la policía hongkonesa considera que los citados individuos “podrían suponer una grave amenaza para la seguridad de otros participantes, ciudadanos, periodistas y agentes de policía”.
Y añade, en referencia al CHRF: “Y ustedes no tienen capacidad para controlar sus actos”.
Asimismo, arguyeron que la protesta sobrepasaría las reuniones de un máximo de 50 personas autorizadas por la normativa en vigor para evitar contagios por coronavirus.
Este mismo motivo sirvió para prohibir, el pasado 4 de junio y por primera vez en 30 años, la vigilia anual en conmemoración de la masacre de Tiananmen, aunque mucha gente desoyó el veto y la protesta se produjo sin incidentes, si bien en números mucho menores que otros años.
La jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, ha negado que existan motivaciones políticas tras estas prohibiciones, aunque, al mismo tiempo, el parque temático de Disneyland Hong Kong, piscinas públicas o bares sí pueden operar libremente.
Desde hace más de un año, la situación en Hong Kong se ha ido deteriorando por el impacto de las protestas prodemocráticas en la economía de la ciudad semiautónoma, donde el PIB local cayó un 2,8 % y un 3 % en los dos últimos trimestres de 2019, respectivamente, y un 8,9 % en el primero de 2020, al que este año se ha sumado la paralización motivada por la pandemia de coronavirus.
El panorama político en la ex colonia británica también está lejos de resolverse, con unos gobiernos, tanto en Pekín como en Hong Kong, poco amigos del diálogo o las concesiones, y con un movimiento prodemocrático que ha ganado nuevo impulso a raíz de la reciente aprobación de una ley que penaliza injurias al himno chino, y de una ley de seguridad aprobada por el Legislativo chino el mes pasado.
El citado texto legal tendría el objetivo de “salvaguardar la seguridad nacional” frente a la tan temida “injerencia extranjera” que Pekín ve en las multitudinarias protestas que arrancaron hace ya más de un año, pero abogados y activistas creen que esa ley terminará por cercenar las libertades de que goza la ciudad.
La Declaración Chino-Británica de 1984, que articuló la retrocesión de Hong Kong de manos británicas a chinas en 1997, estableció el mantenimiento durante al menos 50 años a partir de esa fecha de una serie de libertades en este territorio inimaginables en la China continental.
No obstante, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, sus portavoces han dicho en numerosas ocasiones que ese documento se cumplió ya en su momento.
