Bolivia vivió la jornada más dura desde que se registran las protestas tras las elecciones del 20 de octubre, con fuertes enfrentamientos en la región de Cochabamba con un saldo de 5 muertos y 29 heridos, en medio de importantes anuncios sobre política exterior.
En 26 días de manifestaciones, la situación en Bolivia se ha ido agudizando tras las elecciones en las que Evo Morales fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo, entre denuncias de fraude que luego fueron corroboradas por un informe de la Organización de Estados Americanos, que pidió repetir esos comicios.
Morales renunció a la Presidencia el pasado domingo y al otro día viajó a México en condición de asilado, no sin antes pedir a sus bases condenar lo que él considera un “golpe de Estado”, que “se consumó” luego de que Jeanine Áñez asumiera la Presidencia interina de Bolivia.
Áñez le advirtió este viernes a Morales que tiene cuentas pendientes con la Justicia si regresa a Bolivia, por un supuesto delito electoral y presuntos casos de corrupción de su Gobierno.
CAMPO DE GUERRA
Como si se tratara de un campo de batalla, así fue el duro enfrentamiento entre grupos cocaleros del trópico de Cochabamba que por segundo día intentaron ingresar a la ciudad, donde la Policía y el ejército tienen bloqueada la entrada para evitar su llegada.
El representante en Cochabamba de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Nelson Cox, dijo a Efe que “penosamente tenemos cinco (muertos) en Sacaba”, por heridas de bala.
Desde el día domingo ha habido “una escalada de intervenciones de las fuerzas conjuntas, policiales y de las Fuerzas Armadas que han tenido de forma desproporcional sus intervenciones”, concluyó.
La Policía Boliviana informó que sus agentes “fueron atacados con armamento letal y armas de fuego improvisadas en el puente Huayllani”, entre las ciudades de Cochabamba y Sacaba.
La nueva gobernadora del Departamento de Cochabamba, Esther Soria, señaló que se va a conformar una comisión integrada por la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y demás autoridades para instalar un diálogo con las partes en conflicto.
Evo Morales, que desde México se encuentra muy activo en sus redes sociales, condenó la represión contra los grupos cocaleros y llamó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a “que paren la masacre”.
En una rueda de prensa, el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, aseguró que se trasladará hasta Cochabamba para realizar “absolutamente todos los esfuerzos” para dialogar con los sectores afines a Evo Morales.
CONTINÚAN LOS DISTURBIOS
Miles de personas provenientes de varias provincias del departamento de La Paz marcharon nuevamente en La Paz y El Alto y se registraron incidentes con la Policía y el ejército que usaron gases lacrimógenos.
A diario estos grupos intentan llegar a la plaza Murillo, donde queda el Palacio Quemado, antigua sede del Gobierno que la presidenta interina retomó, pues Evo Morales ejercía la Presidencia desde otro edificio contiguo en La Paz.
Las Fuerzas Armadas dan apoyo a la Policía, que se vio desbordada para poder enfrentar el vandalismo y los disturbios, que en algunos lugares ha llevado a sus pobladores a “blindar” sus casas, comercios y edificios con laminas de madera y cartón.
Con las muertes en Cochabamba el número de fallecidos subió a dieciocho mientras que el de los heridos supera los 500.
RUPTURAS CON SOCIOS HISTÓRICOS
En materia de política exterior, el Gobierno interino tomó fuertes decisiones que en principio rompen los lazos históricos que formó Evo Morales en sus casi 14 años de Gobierno.
Bolivia rompe relaciones con el Gobierno del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, abandona la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), de la que Morales era uno de sus líderes, e inicia los trámites para retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
La canciller interina, Karen Longaric, confirmó estos anuncios al señalar que “las embajadas no van a ser un punto de operación política” desde este momento.
Longaric aseguró, además, que ha preocupado “profundamente” la actitud del Gobierno de México, por lo que sostuvo una “larga reunión” con la embajadora María Teresa Mercado, para expresarle su “molestia” por permitir que Morales haga desde ese país pronunciamientos “políticos y hostiles”.
GRUPOS ARMADOS
La presidenta interina denunció la presencia de grupos “subversivos armados” conformados por extranjeros y bolivianos con la intención de provocar daños en dependencias públicas y bloquear provisiones a las principales ciudades del país.
Áñez señaló que las últimas protestas se han convertido en un “mecanismo de asfixia” para que en ciudades como La Paz comience la escasez de combustibles y de algunos alimentos.
Además se presentaron a nueve venezolanos acusados de “sedición” por su presencia en las manifestaciones que supuestamente defendían a Morales, quienes portaban insignias e identificaciones de la Policía de Venezuela y el PSUV, el partido de Nicolás Maduro.
La canciller interina confirmó también que tuvo una conversación con su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, quien le señaló que retirarán a 725 cubanos, ante las acusaciones de que sus ciudadanos estarían vinculados con las protestas y le pidió pruebas.
Finalmente, las asociaciones de Periodistas en Bolivia rechazaron la advertencia de la ministra interina de Comunicación, Roxana Lizárraga, de procesar a “pseudoperiodistas” que alienten la sedición y también condenaron que el argentino Rolando Graña haya usado el gentilicio “boliviano” como insulto.
