El estallido social en Chile se ha cobrado, hasta este miércoles, al menos 18 víctimas mortales. Después de más de una semana de protestas, con graves disturbios desde el pasado viernes, la tensión que ha generado la presencia de militares en las calles chilenas sigue escalando a pesar del intento del presidente Sebastián Piñera de calmar los ánimos anunciando un paquete de medidas sociales para paliar algunas de las demandas sociales.
El giro discursivo de Piñera, que ha pasado de hablar de “guerra” a “pedir perdón por la falta de visión” y la “incapacidad” de atender las demandas que los chilenos llevan años realizando, no ha servido para correr un velo sobre la peor oleada de violencia en la calle que se recuerda desde hace tres décadas, al final de la dictadura de Augusto Pinochet.El oasis era un espejismo: la violencia en las calles pone en duda la excepción chilenaAINHOA MURGALa gestión de la crisis social que está realizando el Gobierno está bajo la lupa y pone en duda si el país andino está preparado para ser el anfitrión de las cumbres internacionales que tiene en agenda
De las 18 víctimas confirmadas hasta el momento, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) chileno contabiliza cinco muertes causadas por la intervención de agentes del Estado. Además de los fallecidos, el organismo, que trabaja a diario en las calles chilenas para dar fe de las situaciones que se viven durante las protestas, ha contabilizado más de 2.400 detenciones desde el pasado jueves y ha constatado relatos de torturas y abusos de agentes de las fuerzas del Estado durante las protestas en los últimos cinco días. Organismos internacionales como la ONU o Human Right Watch han instado al Gobierno chileno a respetar los derechos humanos a la hora de contener las protestas y la crítica por parte de la oposición está siendo implacable. Acusan de represión al Gobierno de Piñera por optar por la militarización para controlar los disturbios y han puesto sobre la mesa un proceso de ‘impeachment’ contra Piñera.
La situación ha llevado a varios diputados a plantear la necesidad de promover una acusación constitucional contra el presidente por las muertes que han causado los militares en los últimos días. “¿Si los estados de emergencia autorizan a restringir la libre circulación pero no a atentar contra la vida de las personas, no es razonable que nosotros, como Comisión de Derechos Humanos, nos planteemos la posiblidad de hacer una acusación constitucional a Sebastián Piñera que es quien ha atentado contra la vida de los ciudadanos a través del Ejército en las calles?”, expresaba la diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, durante la sesión de esta comisión el martes.cortesíaelconfidencial
