La mayoría aprovechó las protestas por el alza de combustibles para el vandalismo y saqueo, informó el Gobierno.
En declaraciones a un canal de televisión local, la ministra del Interior, María Paula Romo, precisó que las fuerzas de seguridad arrestaron a 195 sospechosos, de los que 150 fueron detenidos en Guayaquil.
“En este tipo de actos no está en discusión el subsidio (a los combustibles) o la reforma laboral”, afirmó Romo antes de subrayar que son hechos “plenamente delictivos”.
En diferentes sectores de Guayaquil, capital económica de Ecuador, se produjeron altercados y saqueos a comercios y establecimientos públicos ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad de garantizar el orden, lo que obligó a numerosas tiendas a echar el cierre para evitar robos masivos.
En Quito, la capital, el centro histórico se convirtió en un campo de batalla entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad que emplearon medios antidisturbios e hicieron cargas policiales para dispersar a los concentrados.
Ante estos hechos el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción en todo el país, que tiene una duración de 60 días para garantizar la seguridad y el normal funcionamiento de servicios básicos e instituciones.
Romo también precisó que decenas de policías resultaron heridos en las protestas y mencionó que en la Gobernación de la provincia de andina de Imbabura los manifestantes causaron destrozos, así como en el acceso del Ministerio de Turismo en Quito.
Con todo, confió en que el viernes “la situación se normalice” y aclaró que “los puntos más violentos están controlados”.
El titular de Defensa, Oswaldo Jarrín, aseguró al medio poco antes que los accesos a las principales ciudades del país se encontraban abiertos.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, apuntó este jueves que la intención de los manifestantes que han protagonizado disturbios con las fuerzas de seguridad y bloqueado calles y vías del país durante la jornada ha sido la de “desestabilizar el Gobierno”.
Lo manifestó en el aeropuerto de Guayaquil, donde aseguró que su Ejecutivo “ha agotado el mecanismo de diálogo” con los transportistas, que se declararon en huelga a nivel nacional para protestar por la subida de los carburantes, decisión que forma parte de un conjunto de medidas tomadas en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
