La Corte Suprema británica declaró este martes “ilegal” la suspensión del Parlamento, solicitada por el premier Boris Johnson a la reina Isabel II, vista como una maniobra para acortar las posibilidades de que la Cámara evite un Brexit sin acuerdo.
La decisión de “suspender el parlamento fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable”, afirmó la presidenta de la Corte, quien solicitó que el Congreso vuelva a ser convocado “cuanto antes”.
Por su parte, John Bercow, vocero de la Cámara, saludó la decisión judicial y declaró que los legisladores deben reanudar su labores “sin demora”, por lo que iniciará “con urgencia” las consultas a los líderes de los partidos.
En el fallo, el tribunal señaló que el gobierno de Johnson no presentó argumentos que expliquen una medida con un efecto “tan extremo”. La decisión de Johnson, quien consiguió que la reina apruebe su pedido para que la suspensión de la Cámara sea de cinco semanas en un momento clave para la historia del país, “fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del parlamento para llevar a cabo sus funciones constitucionales sin una justificación razonable”, afirmó la presidenta de la Corte.
El supremo declaró “nula y sin efecto” la suspensión, lo que supondría que el Parlamento nunca fue suspendido legalmente y técnicamente sigue en activo, indicó la juez Brenda Hale, titular del tribunal. Por lo tanto, la reina no tendría que dar su tradicional discurso de reanudación, ya que no hubo receso.
La decisión fue unánime entre los 11 magistrados, en un duro golpe para las aspiraciones de Johnson, quien está en Nueva york para la Asamblea General de la ONU y mantiene su promesa de cumplir con la salida de la Unión Europea en el plazo fijado, el 31 de octubre, aún si no se logra un acuerdo entre Londres y Bruselas.
En reacción al fallo, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, instó al premier conservador a presentar su renuncia. De darse el caso, sería el mandato más corto de la historia del parlamentarismo británico, ya que inició hace menos de dos meses.
Johnson, de 55 años y uno de los impulsores del Brexit en el referéndum del 2016, llegó al poder tras el fracaso de Theresa May en sus intentos por aprobar en el Parlamento el acuerdo de salida que negoció con la Unión Europea. Prometió que saldría del bloque regional incluso si no consigue un pacto, lo que tendría severas consecuencias económicas y sociales para el Reino Unido.
Johnson afirmó que el receso era necesario para preparar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno pero que suele prolongarse sólo unos diez días. Diputados y activistas proeuropeos lo acusaron de haber tomado esta medida para amordazar a sus detractores, y la tradicional ceremonia de suspensión fue boicoteada por la inmensa mayoría de los Lores en señal de protesta, mientras algunos legisladores gritaban “¡Vergüenza, vergüenza!”.
Importante precedente
Según los especialistas, el hecho de que la Corte Suprema haya considerado que el debate no pertenece únicamente a la esfera política crea un importante precedente. No se trataba únicamente de saber si la suspensión era legal o ilegal, sino también de determinar “si la Corte Suprema británica se convierte en árbitro, una especie de Tribunal Constitucional en un país sin constitución escrita”, explica Tony Travers, politólogo de la London School of Economics (LSE).
“Sería el mayor caso constitucional ciertamente de esta década y posiblemente del siglo”, había considerado otro experto, Robert Hazell, de la University College London, antes de la sentencia.
El ejecutivo defendió la semana pasada que no correspondía a la justicia pronunciarse sobre la suspensión parlamentaria, dado que la decisión del primer ministro era “fundamentalmente de naturaleza política” y pertenecía “al terreno del juicio político”, y no las normas legales.
