El opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) denunció este viernes la ocupación por la fuerza de una de las alcaldías que administra en el Caribe de Nicaragua por parte de la Policía Nacional.
El directivo nacional del PLC, Jorge Irías, dijo a periodistas que agentes policiales, en compañía de civiles armados, ocuparon por la fuerza la alcaldía del municipio de Mulukukú, en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN), y requisan computadoras, discos duros y hasta teléfonos móviles de los trabajadores.
“Nuestro alcalde Apolonio Fargas ha sido amenazado constantemente y abiertamente por los sandinistas de que no lo iban a dejar tranquilo. Los mensajes es que quienes iban a gobernar (en ese municipio) eran ellos”, señaló el dirigente opositor.
El directivo del PLC explicó que al alcalde Fargas, que estuvo detenido 11 meses en el marco de la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018, se encuentra resguardado en una casa de seguridad, debido a las amenazas de muerte que ha recibido, y al momento de la ocupación policial de la Alcaldía no se encontraba en el lugar.
En un comunicado, ese colectivo denunció que la residencia del alcalde Fargas también fue “invadida violentamente por la Policía, sin una orden judicial”.
El PLC responsabilizó al Gobierno del presidente Daniel Ortega por “la integridad física y jurídica de todos los trabajadores de la Alcaldía de Mulukukú”, como de sus familias. La Policía Nacional aún no se ha referido a esa denuncia.
Hace un año, la Policía detuvo a ese alcalde opositor y lo señaló de pertenecer a un grupo “terrorista” que atacó una delegación policial en el marco de las protestas contra el Gobierno de Ortega.
Fargas fue acusado por el Ministerio Público por los delitos de terrorismo, asesinato, secuestro, robo con intimidación, y lesiones gravísimas contra cinco oficiales de la Policía, pero liberado en mayo pasado bajo una polémica Ley de Amnistía.
Según la Policía, el alcalde opositor es uno de los autores intelectuales y materiales del ataque a la delegación policial de la comunidad Sislao Paraska-Pueblo Nuevo, en Mulukukú, que está a 247 kilómetros al noreste de Managua, ocurrida el 11 de junio de 2018 y en la que murieron tres policías y un civil.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un balance de entre 328 y 595 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 200 los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de “golpe de Estado”.
Las manifestaciones contra Ortega se iniciaron el 18 de abril del año pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.
