Esperanza Calixto tiene apenas 11 años y no entiende por qué sus profesores están en paro desde hace casi un mes. Lo único que tiene claro es que en este tiempo casi no ha tenido clases, como otros cientos de miles de estudiantes de escuelas públicas chilenas.
Los maestros de ese sector se quejan de que la educación pública en Chile está bajo “una crisis que se arrastra por muchos años”, según Mario Aguilar, líder de los profesores inconformes.
Según dijo Esperanza a The Associated Press, los maestros llegan al salón pero “no nos hacen clases”, sino que les piden actividades no relacionadas con sus materias.
Ella cursa quinto básico en la Escuela Pública Los Navíos, ubicada en una barriada pobre de la periferia sur de Santiago a la que también asisten sus hermanos Eduardo, de 13 años, y Amanda, de nueve. Y aunque dice desconocer las causas de la protesta, piensa que es mala “porque básicamente la mayoría (de los profesores) está faltando a clases”.
Los maestros paralizaron actividades el 3 de junio en demanda de 12 puntos, entre ellos, el pago por especialización a las educadoras diferenciales, la liquidación de un saldo por un reajuste salarial prometido a unos 63.000 maestros hace 38 años y el fin de una doble evaluación profesional. Además piden anular una decisión técnica que desde 2020 convertirá Historia y Educación Física en asignaturas electivas para los dos últimos años de la educación secundaria.
Los dirigentes gremiales también han denunciado problemas con ratas, falta de calefacción y de insumos en algunos colegios.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, afirma que la medida sobre Historia y Educación Física fue una decisión autónoma del Consejo Nacional de Educación. Además rechazó pagar a las educadoras por su especialidad porque tendría un costo anual de unos 30.000 millones de pesos (unos 44 millones de dólares).
Al paro se sumaron inicialmente 80% de los cerca de 80.000 profesores públicos, afectando a un millón de estudiantes, según Aguilar, y entre un 22% y 16% maestros, según el gobierno.
Roxana, mamá de Esperanza, se quejó de la calidad de la educación pública del país y dijo a la AP que Chile “no está preparado para que los niños de clase baja vayan a la universidad, que es lo que yo deseo para mis hijos”.
En Chile alrededor del 60% de los menores de hogares vulnerables almuerzan en sus escuelas. Esperanza y sus hermanos pertenecen a ese grupo, aunque hace poco más de un mes dejaron de hacerlo.
“Los niños vieron ratas en la cocina en el comedor donde se juntan a almorzar”, aseguró Roxana, quien trabaja en un mercado callejero de verduras en el que vende ropa o artículos que le regalan cuando pasa por las casas pidiendo ayuda.
La educación pública chilena se financia con una subvención fiscal mensual de 120.000 pesos (176 dólares) condicionada al promedio de asistencia de los alumnos cada trimestre. Si el paro se prolonga y los niños dejan de asistir a la escuela, los administradores tendrán menos dinero.
En Chile cerca de un millón 300 mil hijos de familias con menores recursos asisten a los colegios públicos porque son gratuitos, constituyendo cerca del 33% del total del alumnado. El resto se educa en escuelas privadas y privadas-subvencionadas, siendo los primeros los que mejores resultados obtienen en la prueba que permite ingresar a las universidades locales.
